martes, 10 de enero de 2012

Pagos «forzosos» en Parla




 



El interventor y el tesorero municipal autorizan
desembolsos millonarios contra su voluntad por orden del alcalde: «Las
nóminas están en peligro»



Por «obediencia debida». El tesorero y el interventor del Ayuntamiento de Parla se
lavan las manos
sobre los últimos pagos que ha ordenado el alcalde,
José María Fraile. Afirman que son obligados a autorizar unos
desembolsos —que se estima en 1,4 millones— que están poniendo en peligro las nóminas de los trabajadores municipales y que están dejando al Consistorio al borde de la quiebra.








En
mitad del «desgobierno» que reina en Parla, el regidor
socialista ha comenzado a ignorar los informes del interventor y el
tesorero municipa
l, en el que se niegan a autorizar una serie de pagos
«impuestos» por el propio alcalde y su concejal de Hacienda, Fernando Jiménez. En dichos documentos, a los que ha tenido acceso ABC,
puede leerse —en mayúsculas y en negrita— que «no debe procederse en
ningún caso a realizar los pagos propuestos» por Fraile y por su
concejal de Hacienda, el también socialista Fernando Jiménez.








Solo durante los dos últimos meses, ambos funcionarios han emitido al menos 23 informes por distintos pagos que suman 1,4 millones de euros
y en todos ellos la interventora y el tesorero piden al Gobierno local
(PSOE) que no realice dichos pagos fundamentalmente por cuatro razones.
La primera es que dichos pagos comprometen y ponen en peligro las
nóminas de los empleados municipales, que han cobrado el sueldo del mes
pasado con varios días de retraso. Según estos informes, esos retrasos
pueden convertirse en impagos en cualquier momento.








Además,
la interventora y el tesorero advierten de que Fraile está pagando
facturas por conceptos por los que hay deudas pendientes muy anteriores,
de forma que se estaría incumpliendo la prelación (orden de antigüedad) al que están obligadas las administraciones, que no pueden pagar una factura por un servicio si hay otra anterior por el mismo concepto.







 


Así ocurre en el caso del Ayuntamiento de Parla con importantes
servicios como la recogida de basura, las instalaciones deportivas y la
limpieza y calefacción de los colegios. Por ejemplo, se han pagado hasta
625.000 euros a la empresa que se ha encargado de la recogida de basura
durante los últimos cuatro meses cuando todavía hay deudas pendientes
desde hace varios años con las dos anteriores adjudicatarias, Urbaser y
Valoriza.


 





Lo
mismo ocurre con las instalaciones deportivas, ya que el mes pasado
Fraile pagó 153.000 euros a la actual adjudicataria, Parla Sport, pero
sigue sin pagar las facturas pendientes con las anteriores, una de las
cuales (Servidrive SL), ya ha empezado a embargar bienes del patrimonio
municipal de todos los vecinos de Parla precisamente por esa deuda que
Fraile no paga.





 



«Carácter preferente»







 


Idéntica situación
se repite con las empresas que el Ayuntamiento contrata para la limpieza
de los colegios. A finales de noviembre pagó 130.000 euros a la actual adjudicataria por una factura con un solo mes de antigüedad,
pero sigue sin pagar a las anteriores concesionarias: Limpiezas Unidas y
Clece. En todos estos casos, los informes recuerdan que esas facturas
«tienen carácter preferente», a pesar de lo cual Fraile sigue pagando a
su antojo.








Otra
de las denuncias más llamativas es que a estas alturas todavía no se
han pagado por completo obras que se realizaron con cargo al famoso Plan
E de Zapatero, por el cual el Gobierno repartió millones de euros entre
2009 y 2010 para que los ayuntamientos de toda España llevaran a cabo
inversiones municipales con las que combatir el paro y la crisis.








Pues
resulta que, según la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento de
Parla, el alcalde socialista todavía no ha pagado esas obras, que según
su propia normativa, deberían haberse abonado íntegramente «en el plazo
máximo de un mes desde la recepción» de las mismas. Una situación que,
como también recuerdan estos funcionarios, puede provocar que el Estado
obligue al Ayuntamiento de Parla a «reintegrar» el dinero con el que se
financiaron dichas obras.







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