Con el Real Decreto del Gobierno central cada
municipio que ha querido acogerse al Plan de Pago a proveedores ha
tenido que dar a conocer de forma pública la deuda real que tienen
contraída y presentar un plan de ajuste que le permita amortizarla en
los próximos diez años.
Se va a cumplir un año de las elecciones municipales
y, como no podía ser de otra manera tras el Real Decreto del Plan de
Ajuste para pago a proveedores presentado por el gobierno central, el
tema principal en estos momentos en todos los ayuntamientos es el de la
deuda municipal. Deuda en unos casos “heredada” por equipos de gobierno
diferentes a los actuales, y en otros simplemente generada por los
mismos que siguen en el poder. Pero en cualquier caso una deuda que
tendrán que pagar los vecinos de cada municipio durante los próximos 10
años, tal y como estipula el decreto.
Lo cierto es que gracias al
Decreto se empiezan a conocer al fin los datos reales de deuda que en
muchos municipios guardaban celosamente, a buen recaudo de los medios y
de la opinión pública. Y es que además la deuda ahora conocida con los
proveedores no corresponde al total de la deuda, ya que en casi todos
los ayuntamientos hay facturas que no se han incluido en dicho plan, ya
sea debido a errores de forma con dichas facturas, a que han prescrito o
a que se trata de sentencias condenatorias de pago que tienen muchos
consistorios en casos de denuncias por impagos.
Datos que no se incluyen
en la tabla adjunta ni en la deuda por habitante por no ser
definitivos(lo intereses de demora hacen crecer la deuda en algunos
mientras que en otros aún puede llegarse a acuerdos con los denunciantes
o son procesos judiciales abiertos). Son casos como el de Humanes,
donde la deuda de proveedores es de 19 millones, pero el total heredado
del gobierno anterior casi alcanza los 40 millones de euros de deuda.
De
los municipios expuestos, llama la atención como puede haber
diferencias tan grandes entre municipios que apenas tienen deuda o no
tienen, como Arroyomolinos (deuda 0) o Cubas (374 euros por habitante),
con otros que tienen deudas por habitante superiores a los 2.000 euros,
como es el caso de Parla (266 millones entre bancos y proveedores),
Torrejón de Velasco (8.790.000 euros) o Moraleja de Enmedio (cuyo caso
“especial” es explicado en detalle en la página 13 de este ejemplar).
El
siguiente paso de los municipios es cumplir los Planes de Ajuste
presentados al Gobierno para amortizar el préstamo para el pago a
proveedores, la deuda bancaria y las sentencias judiciales por impagos u
otros asuntos (que en casos como el de Griñón la elevan hasta los 22
millones), ya sea mediantes recortes o amortizaciones de personal,
eliminación de subvenciones y ayudas, subidas de impuestos y tasas,
revisiones de contratos con distintas empresas concesionarias de los
servicios de los ayuntamientos, o la eliminación total de algunos de
ellos.
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