Era
todavía alcalde de Parla por el PSOE cuando José María Fraile Campos se
sentó delante del juez Eloy Gonzalo en la Audiencia Nacional y éste le
informó de que estaba imputado por “malversación, organización criminal,
cohecho, revelación de secretos, fraude, trafico de influencias y
falsedad documental”.
Horas antes, él y 51 políticos, ediles,
funcionarios y empresarios habían sido detenidos la Guardia Civil dentro
de las pesquisas de la Operación Púnica por estar presuntamente
implicados en una trama de corrupción que adjudicó contratos amañados
por valor de 250 millones de euros. A cambio, recibían pagos y
comisiones ilegales.
El interrogatorio
Fueron 19 minutos de interrogatorio. El
magistrado comenzó preguntándole si tenía alguna causa pendiente: “Sí,
una con un oficial de policía, otra por unas retribuciones de personal y
también unas diligencias previas relacionadas con el tranvía, todo en
Parla”.
Parecía dispuesto a hablar, pero cuando se profundiza en la trama de corrupción sufre extraños lapsus de memoria.
Fiscal: “A mí me ha extrañado que usted convoque un pleno el 8 de agosto para aprobar el contrato de auditoria de la empresa Ruta Energética, ¿por qué había tanta prisa?”
José María Fraile: “Sería una Junta de Gobierno, pero no tengo ni idea”.
Anonadada, la Fiscal hace hincapié en el cargo del interrogado.
Fiscal: “¿Usted que cargo tiene en el Ayuntamiento?”
José María Fraile: Soy el alcalde.
Fiscal: “¿Estuvo usted en la Junta de Gobierno?”
José María Fraile: “Es que no recuerdo esa Junta”.
La representante del Ministerio Público se extraña de su falta de memoria: “Parece ser que usted sí que estaba”, le reprocha. El alcalde socialista se ve obligado al menos a recordar su presencia: “Sí estaba, pero no recuerdo el contenido de esa junta”.
En aquella junta se puso sobre la mesa un contrato de más de 66 millones de euros, pero, a pesar de la cifra, José María Fraile, máximo responsable de la corporación, sigue teniendo lapsus de memoria.
Fiscal: “El contrato que se licitó de eficiencia energética en Parla era de 66 millones de euros, lo digo porque es bastante importante. ¿Usted conocía los términos de este contrato? Sobre todo porque está usted disponiendo de dinero público en ese ayuntamiento y me imagino que un contrato de esa envergadura supondrá que usted tenga que estar más atento a qué se va a pagar, ¿eso es así?
José María Fraile: “Sabía del contrato, pero no conozco técnicamente el contrato, ni las tripas del mismo”.
Fiscal: ¿Usted no sabía que se pagaba un 2% del importe anual del precio del contrato?, y no hablamos de mil o dos mil euros, la cantidad que tenía que pagar el ayuntamiento por esa auditoria que se comprometía a realizar esta empresa, hablamos de 88.000 euros. ¿No sabía usted que el ayuntamiento incrementaba el contrato con Cofely en ese 2% y que esa cantidad era 88.000 euros?
José María Fraile: “Lo desconocía”.
Fiscal: Una técnico del ayuntamiento ha declarado que usted se reunió con ella, dos personas más y Pedro, de Cofely, y que ella estuvo en la redacción de los pliegos del contrato. Ella dice que más o menos se los pusieron encima de la mesa. ¿No ha dicho la verdad esta señora?
José María Fraile: Yo no intervine en la redacción de los pliegos.
Fiscal: “¿No se ha reunido con ella?”
José María Fraile: “No lo recuerdo, pero yo no los he redactado”.
El magistrado se da cuenta de que el alcalde se ha enrocado en una afirmación técnicamente cierta, pero él quiere ir más allá.
Juez: “La pregunta es, ¿los tenían ustedes ya redactados por la empresa y ustedes no se opusieron porque ya estaban redactados?”
José María Fraile: “Que no, que no redactado los pliegos del contrato ni he estado presente y desconozco qué pliegos se han utilizado”.
Juez: “Yo no le hablo de que usted los haya redactado. Ya sé que no tiene que coger el boli ni el ordenador, pero estando redactados por Cofely, por lo tanto dirigidos para que se le adjudique a Cofely, se le explicó a usted y usted no se opuso a que esos pliegos predeterminados salieran adelante”.
José María Fraile: “A mí no me explicaron nada de eso”.
Juez: “Pues dice la señora técnico que estaba presente con usted”.
José María Fraile: “Yo no recuerdo que me explicaran esa situación”.
Sin embargo, la Fiscalía pidió para él una fianza de 60.000 euros basándose en las numerosas intervenciones telefónicas “que denotan un concierto entre detenido y las personas responsables de Cofely en España y además nos consta en este momento la declaración de la técnico ante la Guardia Civil, consideramos que existe bastante prueba de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de secretos y creemos que han quedado probados cuando la técnico explica como estaba amañado el contrato para que la adjudicataria fuera la empresa Cofely y que los pliegos del contrato los entregó la propia empresa al Ayuntamiento para garantizarse el éxito”.
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Parecía dispuesto a hablar, pero cuando se profundiza en la trama de corrupción sufre extraños lapsus de memoria.
Fiscal: “A mí me ha extrañado que usted convoque un pleno el 8 de agosto para aprobar el contrato de auditoria de la empresa Ruta Energética, ¿por qué había tanta prisa?”
José María Fraile: “Sería una Junta de Gobierno, pero no tengo ni idea”.
Anonadada, la Fiscal hace hincapié en el cargo del interrogado.
Fiscal: “¿Usted que cargo tiene en el Ayuntamiento?”
José María Fraile: Soy el alcalde.
Fiscal: “¿Estuvo usted en la Junta de Gobierno?”
José María Fraile: “Es que no recuerdo esa Junta”.
La representante del Ministerio Público se extraña de su falta de memoria: “Parece ser que usted sí que estaba”, le reprocha. El alcalde socialista se ve obligado al menos a recordar su presencia: “Sí estaba, pero no recuerdo el contenido de esa junta”.
En aquella junta se puso sobre la mesa un contrato de más de 66 millones de euros, pero, a pesar de la cifra, José María Fraile, máximo responsable de la corporación, sigue teniendo lapsus de memoria.
Fiscal: “El contrato que se licitó de eficiencia energética en Parla era de 66 millones de euros, lo digo porque es bastante importante. ¿Usted conocía los términos de este contrato? Sobre todo porque está usted disponiendo de dinero público en ese ayuntamiento y me imagino que un contrato de esa envergadura supondrá que usted tenga que estar más atento a qué se va a pagar, ¿eso es así?
José María Fraile: “Sabía del contrato, pero no conozco técnicamente el contrato, ni las tripas del mismo”.
Fiscal: ¿Usted no sabía que se pagaba un 2% del importe anual del precio del contrato?, y no hablamos de mil o dos mil euros, la cantidad que tenía que pagar el ayuntamiento por esa auditoria que se comprometía a realizar esta empresa, hablamos de 88.000 euros. ¿No sabía usted que el ayuntamiento incrementaba el contrato con Cofely en ese 2% y que esa cantidad era 88.000 euros?
José María Fraile: “Lo desconocía”.
Fiscal: Una técnico del ayuntamiento ha declarado que usted se reunió con ella, dos personas más y Pedro, de Cofely, y que ella estuvo en la redacción de los pliegos del contrato. Ella dice que más o menos se los pusieron encima de la mesa. ¿No ha dicho la verdad esta señora?
José María Fraile: Yo no intervine en la redacción de los pliegos.
Fiscal: “¿No se ha reunido con ella?”
José María Fraile: “No lo recuerdo, pero yo no los he redactado”.
El magistrado se da cuenta de que el alcalde se ha enrocado en una afirmación técnicamente cierta, pero él quiere ir más allá.
Juez: “La pregunta es, ¿los tenían ustedes ya redactados por la empresa y ustedes no se opusieron porque ya estaban redactados?”
José María Fraile: “Que no, que no redactado los pliegos del contrato ni he estado presente y desconozco qué pliegos se han utilizado”.
Juez: “Yo no le hablo de que usted los haya redactado. Ya sé que no tiene que coger el boli ni el ordenador, pero estando redactados por Cofely, por lo tanto dirigidos para que se le adjudique a Cofely, se le explicó a usted y usted no se opuso a que esos pliegos predeterminados salieran adelante”.
José María Fraile: “A mí no me explicaron nada de eso”.
Juez: “Pues dice la señora técnico que estaba presente con usted”.
José María Fraile: “Yo no recuerdo que me explicaran esa situación”.
Sin embargo, la Fiscalía pidió para él una fianza de 60.000 euros basándose en las numerosas intervenciones telefónicas “que denotan un concierto entre detenido y las personas responsables de Cofely en España y además nos consta en este momento la declaración de la técnico ante la Guardia Civil, consideramos que existe bastante prueba de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de secretos y creemos que han quedado probados cuando la técnico explica como estaba amañado el contrato para que la adjudicataria fuera la empresa Cofely y que los pliegos del contrato los entregó la propia empresa al Ayuntamiento para garantizarse el éxito”.
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