La trama Púnica pagó comisiones de todo tipo a alcaldes a cambio de contratos de eficiencia energética con la empresa
Cofely, siendo la cantidad más elevada los 500.000 euros destinados al exalcalde de Parla (PSOE) José María Fraile a través de su jefe de gabinete Antonio Borrego.
Así lo desvela David Marjaliza, presunto cerebro de
la trama, en un momento de sus trece horas de confesión en la que a
preguntas del juez Eloy Velasco indica las comisiones pagadas a alcaldes
madrileños a cambio de esos contratos con Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez y vinculada a la Púnica.
En Parla se pagó un total de 500.000 euros en un año que fueron
abonados directamente a Borrego, dinero que, según Marjaliza, era “en teoría para el alcalde” o “para el partido”. “Me imagino que cada uno cogería una parte”, puntualizaba a preguntas del juez.
Al entonces alcalde de Parla José María Fraile, uno de los 35
detenidos en la operación Púnica, Marjaliza aseguró no obstante que no
le conocía, y que el dinero se lo dio siempre a Borrego y, en una
ocasión, le pagó también 25.000 euros a Avelino Pérez, asesor de IU en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento de Parla.
Esa contrapartida, que representaba el 50 % de las ganancias de
Marjaliza, la pagó abonando 50.000 euros cada mes, trasladándose para
ello Borrego a su despacho o bien “a veces, le llevaba el dinero en un
sobre a Parla”.
Antes que a Fraile, Marjaliza había pagado a su antecesor Tomás Gómez
“mítines, banderolas, bebidas, muchas cosas” a cambio de la
adjudicación de “seis o siete parcelas” para la construcción de
viviendas en Parla.
Los ayuntamientos españoles debían al final de 2015 un total de 29.024
millones de euros, tras reducir la cifra un 8% a lo largo del año
pasado.
Entre las ciudades de más de 100.000 habitantes y capitales de
provincia, hay dos que duplican la deuda per cápita de Madrid. Son Jaén
(con 3.493 euros) y Parla, con 3.069 euros por habitante. Le
siguen Ceuta, con 2.422 euros de deuda por habitante, y Jerez de la
Frontera (Cádiz), con 2.422 euros.
Según las cifras conocidas, la situación en Parla es dantesca a nivel social y económico. Se calcula que de los 130.000 habitantes de Parla, 32.000 parleños están por debajo del umbral de la pobreza y 11.000 parleños por debajo de la pobreza extrema, unos datos alarmantes que muestran la precaria y atrasada situación que sufre en Parla.
Con más de 2.000 euros también están la quinta y sexta ciudad más
endeudadas de España: Alcorcón (Madrid) y Reus (Tarragona). El top ten
lo completan León, Cádiz, Zaragoza y Algeciras, con entre 1.500 y 1.800
euros de deuda per cápita al cierre del ejercicio 2015. Madrid, Huelva,
Tarragona, Lleida, Torrejón de Ardoz (Madrid), Cuenca, Granada, Melilla,
Málaga y Mataró (Barcelona) también superan los 1.000 euros de deuda
per cápita.
Bilbao no llega a 25 euros per cápita de deuda
Estos datos contrastan con los de las ciudades menos endeudadas de
España en relación a sus habitantes. Dentro de ellas, destaca Bilbao,
que es la ciudad española de más de 100.000 habitantes o capital de
provincia con menos deuda: sus ciudadanos apenas tendrían que pagar 24
euros cada uno para dejar a cero los créditos de su ayuntamiento.
Dos Hermanas (Sevilla), Vigo (Pontevedra), Barakaldo (Vizcaya) y
Alcobendas (Madrid) tampoco llegaban a los 100 euros de endeudamiento
por habitante al cierre del ejercicio 2015.
Entre las grandes ciudades, al margen de Madrid y Zaragoza, que están
entre las más endeudadas, Málaga está entre las 20 primeras, mientras
Valencia se queda en el vigésimocuarto puesto, con más de 900 euros per
cápita. Por su parte, Barcelona cerró 2015 con una deuda per cápita de
561 euros, una cifra similar a la de Sevilla (568 euros).
Los gráficos y las cifras muestran una vez más que Parla, la "capital
del paro", es la ciudad más empobrecida y atrasada de toda la Comunidad
de Madrid, como un icono de las grandes desigualdades que sufre la
región entre su parte norte y la sur.
La descomunal ruina, el alarmante desempleo,
marginalidad y el atraso que sufre Parla son ya crónicos y habituales y
así lo muestran todas las estadísticas y datos.
Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada
de Europa y en la segunda con mayor desigualdad social, según un estudio paneuropeo que analiza 13 países.
En sólo 10 años, Madrid y su corona metropolitana han pasado de
estar en la media europea a situarse en el puesto más alto. “La
Comunidad de Madrid se ha fracturado. Una diagonal del suroeste al
noreste parte la región: al norte, las categorías profesionales más
altas y al sur, las más bajas.
Y en la parte más baja, hundida en el abismo y arruinada con una deuda monstruosa está Parla, totalmente devastada social y económicamente tras décadas de atroz socialismo y conocida como el "Paraíso okupa", "Parlakistán" o "Parlatroit" a causa de su degradación, devaluación inmobiliaria, marginalidad y pobreza de la ciudad y buena parte de su población.
El ex concejal de Economía del PSOE de Parla, Noel Villanueva, desvela cómo la ‘trama Púnica’ financió al PSOE a través de Tomás Gómez, ex secretario general del partido en Madrid. David Marjaliza,
presunto cerebro de la ‘Púnica’, y Gómez gestaron su relación a partir
del año 2000. Así lo denunció el pasado junio ante la Fiscalía
Anticorrupción el exedil de Parla y también lo ratifica y detalla en
exclusiva en una entrevista para Okdiario.
En la entrevista, este exsubordinado de Gómez asegura que
la financiación de Marjaliza se ciñó a la “campaña personal del entonces
alcalde socialista de Parla, y no se extendió a la totalidad de actos
del PSM”. Sin embargo, precisa que en estos actos de campaña de Gómez
financiados por Marjaliza, a cambio de adjudicarle la construcción de
viviendas sociales, llegó a estar presente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Villanueva, que todavía es militante del PSOE, detalló a
este diario que denunció estas presuntas corruptelas de Gómez ante la
dirección del partido. En concreto, detalla que informó al entonces
secretario general de organización, José Blanco, y a su lugarteniente, Óscar López.
Villanueva sostiene que no le dieron ningún respaldo, ni abrieron
ninguna investigación interna, y se limitaron a invitarle a acudir a la
justicia. Este exedil así lo hizo, igual que denunció en 2007 la
adjudicación irregular de los servicios funerarios municipales de Parla.
La última denuncia la presentó en junio pasado ante la Fiscalía
Anticorrupción.
La explosiva denuncia de Villanueva en
Anticorrupción no es la de un empresario corrupto o un rival político,
sino de un exconcejal que estuvo a las órdenes de Tomás Gómez de 1999 a
2003 en Parla. Esto añade un nuevo giro a la investigación de la
‘Púnica’ ya que no se trata de un instrumento de financiación irregular
sólo del PP, sino que también se extiende al PSOE madrileño. La
acusación es idéntica: la trama financió eventos y actos de campaña del
PSOE; y desde el Ayuntamiento “no se pagaba absolutamente nada”.
El denunciante detalló en Anticorrupción
que los lazos entre David Marjaliza y Gómez se construyeron de este
modo: “es en 2000 cuando se empieza a fraguar la relación entre el señor
Marjaliza y el Ayuntamiento de Parla a través de dos personas que son Jose Antonio Alonso, que fue alcalde por el PSOE de Cartagena, y Lorenzo Sánchez Gil, candidato por el PSOE a la alcaldía de Aranjuez”. “Estas
dos personas actuaban como conseguidores para la empresa TPC, detrás de
la cual estaban Marjaliza y Granados”, precisó el exedil socialista de
Parla.
El ariete de Tomás Gómez destapa otras
vías de corrupción del exdirigente socialista madrileño. “En relación a
la adjudicación de eventos, ésta se hacía a través de una empresa
llamada Friends Group, pero el que está detrás de esta sociedad es Antonio Borrego,
jefe del Gabinete del Ayuntamiento de Parla hasta las últimas
elecciones municipales de 2015”, desveló Villanueva. El denunciante
aseguró que aunque las adjudicaciones de eventos o conciertos se hacían a
favor de Friends Group, posteriormente era Waiter Music quien los
realizaba.
Noel Villanueva fue tajante ante la fiscalía
Anticorrupción: “Todos estos eventos no eran financiados por esas
empresas porque me consta que desde el Ayuntamiento no se pagaba
absolutamente nada, del presupuesto municipal no salía dinero para estos
eventos”.
El exconcejal socialista destapó la doble vía de financiación irregular tramada por Gómez: “La concesión de viviendas en las que estaba el señor Alonso, la mercantil TPC (Marjaliza y Granados)”. “A través de la organización de eventos en los que aparecía Friends Group, y detrás de ello finalmente Marjaliza, José María Fraile, Tomás Gómez, Wilfredo Jurado y Antonio Borrego”.
Lo que refuerza la credibilidad de la
denuncia, es que la mayoría de estos cargos de Gómez, salvo él, ya se
encuentran implicados o investigados en Púnica o en la trama del tranvía
de Parla. Hasta ahora, toda su cohorte de Parla iba cayendo a los pies
de las acusaciones de corrupción, mientras él se libraba. El tiro de
gracia ahora lo da nada menos que un exconcejal suyo.
El diario ‘El Español’ publica una información de María Peral que deja al
descubierto nuevas implicaciones del ‘caso Púnica’ que afectarían a Tomás Gómez.
El nombre del ex alcalde de Parla, Tomás Gómez, aparece desde junio en las diligencias de la Operación Púnica, en la parte secreta que refleja la confesión del empresario David Marjaliza –quien, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, decidió tirar de la manta.
Marjaliza acusa a Gómez y al exdiputado del PSOE en el Congreso y exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, de repartirse las comisiones ilegales que pagaron constructores adjudicatarios de cientos de viviendas protegidas en Parla.
El soborno se cuantificaba "entre 3.000 y 5.000 euros por vivienda".
El empresario sostiene que Gómez habría recibido comisiones de
decenas de miles de euros por el desarrollo del sector Parla Este
durante el boom inmobiliario.
"Alonso venía a por el dinero de Tomás"
Marjaliza dice que "Alonso venía a las oficinas a por el dinero de Tomás".
"¿Pero usted cree que Alonso Conesa compartía las comisiones de Tomás
Gómez?", le preguntó el juez.
"Seguro, seguro", respondió el empresario.
Los datos que ha facilitado sobre las comisiones que habría pagado la multinacional Cofely por
contratos municipales de ahorro energético "cuadran", afirman fuentes
de la investigación. La UCO cree que las comisiones pagadas por Cofely a
cambio de ese contrato millonario se camuflaron por la trama Púnica a
través de Ruta Energética, vinculada a Marjaliza, fichada como empresa
auditora.
La ruina y la degradación total de Parla son imparables y cada día salen más a la luz nuevas deudas millonarias heredadas tras la constitución del nuevo Ayuntamiento. A la descomunal y monstruosa deuda dejada por el PSOE, que ha convertido a Parla en una ciudad hundida en la ruina, la desolación, la suciedad, la marginalidad, el atraso, la inseguridad y la miseria, el último coletazo de la catastrófica y devastadora gestión del PSOE de Parla, podría dejar Parla a oscuras desde el próximo lunes.
Literalmente. La
distribuidora eléctrica, Iberdrola, cortará el suministro de la
localidad por el impago de más de diez millones de euros que
Cofely, la intermediaria contratada por el anterior alcalde socialista, el detenido en la operación Púnica José María
Fraile, debió abonar durante los últimos ocho meses.
La propia Cofely, involucrada en la trama Púnica,
presentó el pasado 8 de junio una misiva de «suspensión, resolución y
liquidación» del acuerdo –ver documento anexo– en el Consistorio por «el reiterado incumplimiento» de las «obligaciones de pago»
establecidas en el acuerdo. En base a la legislación vigente –arguye–,
el escrito daba como plazo máximo un mes, fecha en la que se suspendería
la firma. Expirado ayer sin solución, el vínculo entre ambos es papel
mojado.
La empresa, desde junio de 2013, era la adjudicataria del
servicio de alumbrado público en Parla, concesión otorgada mediante un
contrato a quince años por 66 millones de euros. Firmado por Fraile, fue el mayor contrato de los registrados en la trama, que supuso un fraude de más de 500 millones de euros en concesiones ilegales.
Apenas un mes después de tomar posesión como alcalde de Parla, el popular Luis Martínez Hervás
se ha encontrado con decenas de facturas sin firmar que ni siquiera han
sido reconocidas por el gobierno saliente. El exalcalde socialista Jose María Fraile fue detenido el
pasado 27 de octubre de 2014 por su implicación en la Púnica y, desde
entonces, el Ayuntamiento de Parla no ha realizado ni un sólo pago a
Cofely, con un efecto contagio que llega a Iberdrola.
La distribuidora ha comunicado vía telefónica que si el impago no es subsanado antes del 13 de julio –el lunes–, cortará la luz de Parla.
El alcalde de Parla, Martínez Hervás, por su parte, manda un mensaje «de tranquilidad»
a los vecinos y asegura que está «negociando con todas las partes y
trabajando para evitar que la situación se produzca». «Se trata de otra de las desagradables sorpresas
que nos ha dejado el Gobierno socialista. En algunos casos –añade–, la
situación del Ayuntamiento de Parla es aún peor de lo que se había hecho público,
pero trabajamos día a día para que la ciudad funcione y para garantizar
todos los servicios públicos», concluye.
Según la solicitud de suspensión contractual de Cofely, su radio de actuación remitía a «suministro, servicios energéticos y mantenimiento»
de la energía en los edificios y equipamientos de inmuebles
municipales, así como del alumbrado público y los semáforos del
municipio. La consecuencia inmediata de consumarse el ultimátum de
Iberdrola será que Parla esté a oscuras, sin servicios y sumida en un caos
circulatorio.
Concretamente, además de la gestión de multas, impuestos y
tributaciones propios del Ayuntamiento, el apagón afectará, entre otros
inmuebles y servicios, a dos
piscinas, polideportivos, bibliotecas, sede de la Policía Local, el
Centro de Servicios Sociales y para el Mayor Dulce Chacón, la
Casa de la Cultura y la Casa de la Juventud y los colegios públicos, que
en este momento se encargan de los campamentos urbanos.
Un concurso público amañado de principio a fin. Un pinchazo telefónico demuestra cómo el exalcalde de Parla, el
socialista José María Fraile, otorgó el mantenimiento eléctrico
municipal a una empresa que organizó ella misma las condiciones del
concurso público. La 'mordida' fue de 1,3 millones de euros. Se trata de
la empresa Cofeli, que elaboró los pliegos del concurso cuando esto es
algo que debe hacer la misma administración que convoca el concurso
público.
Algo que llevó, claramente, al amaño: según el diario madrileño, la
empresa estableció claramente una 'fórmula' para que quien la ganara
fuera ella misma, por encima de cualquier otra competencia.
La información ha salido a la luz después de levantarse el secreto de
sumario sobre las declaraciones del exalcalde de la localidad ante el
Juez, en el marco de la operación Púnica.
El exdirigente del PSOE de Parla está imputado porfraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de secretos e integración en organización criminal. Según el exalcalde, no obstante, todo fue legal.
El fiscal, no obstante, desbarató los argumentos del socialista, con
los contenidos de un pinchazo telefónico entre dos implicados en la
trama: "Cuando el ayuntamiento autorice el pago a Cofely y Cofely pague a
Ruta Energética, ya cobramos nosotros, cobran ellos, cobras tú, cobro yo, cobramos todos".
La comisión se cubrió mediante un contrato falso de auditoría
aprobado por el ayuntamiento socialista: así, Cofely contrató a Ruta
Energética, empresa sin actividad, para auditar los servicios que
prestaba en el municipio. A cambio, Ruta Energética se llevaba un 2%:
1,3 millones de euros.
Una vez que el ayuntamiento de Parla comenzaba a pagar a Cofely, ésta daba su
parte a Ruta Energética y se repartía el dinero entre varios integrantes
de la trama.
La Fiscalía
calcula que Fraile pudo obtener en los primeros pagos "un beneficio de
60.000 euros", por lo que esa fue la cantidad que solicitó al juez como
fianza para evitar la prisión. El socialista Fraile abonó los 60.000 euros, por lo que se encuentra en libertad provisional.
Era
todavía alcalde de Parla por el PSOE cuando José María Fraile Campos se
sentó delante del juez Eloy Gonzalo en la Audiencia Nacional y éste le
informó de que estaba imputado por “malversación, organización criminal,
cohecho, revelación de secretos, fraude, trafico de influencias y
falsedad documental”.
Horas antes, él y 51 políticos, ediles,
funcionarios y empresarios habían sido detenidos la Guardia Civil dentro
de las pesquisas de la Operación Púnica por estar presuntamente
implicados en una trama de corrupción que adjudicó contratos amañados
por valor de 250 millones de euros. A cambio, recibían pagos y
comisiones ilegales.
El interrogatorio
Fueron 19 minutos de interrogatorio. El
magistrado comenzó preguntándole si tenía alguna causa pendiente: “Sí,
una con un oficial de policía, otra por unas retribuciones de personal y
también unas diligencias previas relacionadas con el tranvía, todo en
Parla”. Parecía dispuesto a hablar, pero cuando se profundiza en la
trama de corrupción sufre extraños lapsus de memoria.
Fiscal:
“A mí me ha extrañado que usted convoque un pleno el 8 de agosto para
aprobar el contrato de auditoria de la empresa Ruta Energética, ¿por qué
había tanta prisa?”
José María Fraile: “Sería una Junta de Gobierno, pero no tengo ni idea”. Anonadada, la Fiscal hace hincapié en el cargo del interrogado.
Fiscal: “¿Usted que cargo tiene en el Ayuntamiento?” José María Fraile: Soy el alcalde.
Fiscal: “¿Estuvo usted en la Junta de Gobierno?”
José María Fraile: “Es que no recuerdo esa Junta”.
La
representante del Ministerio Público se extraña de su falta de memoria:
“Parece ser que usted sí que estaba”, le reprocha. El alcalde
socialista se ve obligado al menos a recordar su presencia: “Sí estaba,
pero no recuerdo el contenido de esa junta”.
En aquella junta se
puso sobre la mesa un contrato de más de 66 millones de euros, pero, a
pesar de la cifra, José María Fraile, máximo responsable de la
corporación, sigue teniendo lapsus de memoria.
Fiscal: “El
contrato que se licitó de eficiencia energética en Parla era de 66
millones de euros, lo digo porque es bastante importante. ¿Usted conocía
los términos de este contrato? Sobre todo porque está usted disponiendo
de dinero público en ese ayuntamiento y me imagino que un contrato de
esa envergadura supondrá que usted tenga que estar más atento a qué se
va a pagar, ¿eso es así?
José María Fraile: “Sabía del contrato, pero no conozco técnicamente el contrato, ni las tripas del mismo”.
Fiscal: ¿Usted
no sabía que se pagaba un 2% del importe anual del precio del
contrato?, y no hablamos de mil o dos mil euros, la cantidad que tenía
que pagar el ayuntamiento por esa auditoria que se comprometía a
realizar esta empresa, hablamos de 88.000 euros. ¿No sabía usted que el
ayuntamiento incrementaba el contrato con Cofely en ese 2% y que esa
cantidad era 88.000 euros?
José María Fraile: “Lo desconocía”.
Fiscal:
Una técnico del ayuntamiento ha declarado que usted se reunió con ella,
dos personas más y Pedro, de Cofely, y que ella estuvo en la redacción
de los pliegos del contrato. Ella dice que más o menos se los pusieron
encima de la mesa. ¿No ha dicho la verdad esta señora?
José María Fraile: Yo no intervine en la redacción de los pliegos.
Fiscal: “¿No se ha reunido con ella?”
José María Fraile: “No lo recuerdo, pero yo no los he redactado”.
El magistrado se da cuenta de que el alcalde se ha enrocado en una afirmación técnicamente cierta, pero él quiere ir más allá.
Juez: “La pregunta es, ¿los tenían ustedes ya redactados por la empresa y ustedes no se opusieron porque ya estaban redactados?”
José María Fraile: “Que no, que no redactado los pliegos del contrato ni he estado presente y desconozco qué pliegos se han utilizado”.
Juez:
“Yo no le hablo de que usted los haya redactado. Ya sé que no tiene que
coger el boli ni el ordenador, pero estando redactados por Cofely, por
lo tanto dirigidos para que se le adjudique a Cofely, se le explicó a
usted y usted no se opuso a que esos pliegos predeterminados salieran
adelante”.
José María Fraile: “A mí no me explicaron nada de eso”.
Juez: “Pues dice la señora técnico que estaba presente con usted”.
José María Fraile: “Yo no recuerdo que me explicaran esa situación”.
Sin
embargo, la Fiscalía pidió para él una fianza de 60.000 euros basándose
en las numerosas intervenciones telefónicas “que denotan un concierto
entre detenido y las personas responsables de Cofely en España y además
nos consta en este momento la declaración de la técnico ante la Guardia
Civil, consideramos que existe bastante prueba de fraude, malversación,
cohecho, prevaricación y revelación de secretos y creemos que han
quedado probados cuando la técnico explica como estaba amañado el
contrato para que la adjudicataria fuera la empresa Cofely y que los
pliegos del contrato los entregó la propia empresa al Ayuntamiento para
garantizarse el éxito”.
