En Parla ya son conocidos los catastróficos desastres inmobiliarios y el municipio es uno de los más afectados de toda España por el estallido de la burbuja inmobiliaria, produciéndose un hundimiento de los precios tan grande que hace que, junto a la enorme degradación de Parla, la invasión de miles de okupas, la gran inseguridad, deudas, miseria y atraso, nadie en su sano juicio quiera comprar una vivienda en Parla.
Un nuevo escándalo surge ahora. Residencial Los Lagos. La promotora Edimed Gestión anuncia en un gran cartel y en portales inmobiliarios la venta de 190 viviendas libres en una urbanización de Parla este. Pisos de dos y tres dormitorios con garaje, trastero y más de 4.000 metros cuadrados con piscina, jardines y parque infantil. Los precios de salida, desde los 83.000 euros.
La construcción va en tres fases. Para la primera, supuestamente en
marcha, ya se cuenta con la aportación económica (alrededor de 20.000
euros antes de la entrega de llaves) de unas 60 familias.
Lo que desconocen estos compradores de esta parcela situada en el
número 101 de la avenida de Los Planetas es que el suelo donde se
deberían erigir sus viviendas es municipal y, según se recoge en la
inscripción del Registro de la Propiedad, deberían estar destinadas al régimen de alquiler y para personas con problemas económicos y desfavorecidas socialmente.
No solo eso. Los adjudicatarios tendrían que ser los que haya determinado el Ayuntamiento de Parla, que dirige el procesado José María Fraile (PSOE),
mediante una lista de posibles inquilinos. Además, se determina en el
Registro que, para acceder al Programa Municipal de Arrendamiento con
opción a compra –un paso que se ha saltado Edimed Gestión– para
conseguir estos pisos es «necesario que el demandante acredite estar
empadronado en Parla». ABC contacta con uno de los compradores que firmó
contrato con Edimed en mayo. «Yo no soy de Parla ni estoy empadronado y
no me informaron de que tenía que ser así», afirma.
Compra por 75 años
Efectivamente, al llamar a Edimed Gestión no
proporcionan esta información. Y al preguntarles si hay que reunir unas
características para optar a estas viviendas afirman: «No hace falta
ningún requisito». «Nos quedan de la primera fase [con 66 viviendas a la
venta] un primer piso, un segundo, un cuarto y un quinto. Todos son de
tres dormitorios.
Para la segunda fase costarán 5.000 euros más», dice
una comercial. Lo que sí detallan es que se trata de viviendas con la
compra de derecho de superficie por 75 años, algo que saben los
adquisidores. «Es la única forma de comprar una casa en los tiempos que
corren, pero no es un problema porque se puede negociar con la Comunidad
de Madrid para que pase a ser de propiedad», informa la misma persona.
El comprador no empadronado revela que desde
Edimed le entregaron una solicitud ya rellenada para presentarla en el
Ayuntamiento. En ella se declara: «No dispongo de vivienda. Solicito ser
incluido en los listados del Plan de Vivienda de Parla».
El Ayuntamiento de Parla informa de que todos
los contrayentes deben cumplir los requisitos del reglamento de registro
único de solicitantes de vivienda municipal. Destacan que se trata de
un procedimiento legal porque son «viviendas con opción a compra», algo irreal, ya que Edimed Gestión las está vendiendo directamente.
Desmantelamiento del plan
Lo que comenzó como una iniciativa pública para
ayudar a muchas familias necesitadas de Parla ha terminado
convirtiéndose en un negocio para una empresa privada, donde puede optar
cualquiera antes de los plazos previstos –los pisos debían estar
construidos para ofertarlos– y sin cumplir los requisitos. En marzo de
2011, dos meses antes de las últimas elecciones, el Gobierno local sacó a
concurso esta parcela municipal para destinarla a 170 viviendas
sociales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 60 y personas
necesitadas como víctimas de violencia de género, discapacitados o
familias con rentas bajas.
Seis meses después, en septiembre de ese mismo
año, el Ejecutivo parleño adjudicó esa parcela a Edimed Gestión para
construir una promoción más del Plan Municipal de Alquiler, cuya
responsable es la nefasta concejala del ramo y portavoz del PSOE, María José
López Bandera.
Este nuevo contrato establecía claramente que
los futuros inquilinos debían ajustarse al perfil antes citado (con
ingresos mensuales de entre 1.100 y 1.800 euros al mes). El contrato
también establecía que, como se hizo en las promociones anteriores, esos
pisos los adjudicaría el propio Ayuntamiento entre los vecinos
inscritos en su Oficina Municipal de Vivienda con esas condiciones y que
serían seleccionados según al reglamento de adjudicación aprobado por el Pleno Municipal el año pasado.
