Parla ha decidido ponerse las pilas. Necesita ingresos porque es la ciudad más endeudada de la comunidad de Madrid.
Cada uno de sus 125.000 habitantes debía a 31 de diciembre de 2016 las astronómica cifra de 3.292 euros de media, según los últimos datos oficiales del ministerio
de Hacienda. La deuda se elevaba entonces a 410,3 millones de euros.
Parla es además uno de los nueve municipios españoles de más de 20.000
habitantes en riesgo de quiebra, según la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cifra la deuda en 433 millones de euros (3.473 euros por vecino), cantidad que el Ayuntamiento eleva a más de 600 millones.
De hecho, desde abril de 2016 las cuentas del Ayuntamiento se rigen por un plan de ajuste a diez años
con el objetivo de reducir los números rojos. Por eso desde el
departamento de Tesorería se han remitido al Área de Recaudación
Ejecutiva más de 3.200 expedientes de multas y sanciones que fueron
impuestas y notificadas antes de 2015 y que según el sistema informático
no están prescritas. "Hay que recordar que la prescripción de una multa
o sanción se produce una vez pasados cuatro años de la última comunicación o publicación con el vecino sancionado o multado", señala un portavoz municipal.
"Las
multas son notificadas y, si no hay respuesta por parte del vecino
sancionado, se publican en el BOCAM. Posteriormente, si la multa sigue
sin ser abonada, se envía una notificación por vía de apremio. Es en
esta fase en la que actualmente el Consistorio ha enviado más de 3.200 notificaciones,
para ponerse al día de aquellas multas impagadas en los últimos cuatro
años. Todas estas multas fueron notificadas a los infractores en su día y
si no están prescritas, son de obligado pago".
El Ayuntamiento de Parla ha
querido hacer un esfuerzo y quiere intentar cobrar todas aquellas multas
puestas después de 2013 y no cobradas. En 2013 se tramitaron 4.693
sanciones, 7.224 en 2014, 5.404 en 2015, 6.792 en 2016 y 4.873 en 2017
(a falta del último cuatrimestre). De 2014 no hay datos porque el
entonces Gobierno local del PSOE privatizó el servicio de tramitación a una empresa que instaló radares en Parla.
El PP recuerda que el PSOE, que gobernó durante muchos años la
localidad, dejó una situación desastrosa en las arcas públicas. Para
intentar aumentar los ingresos el nuevo Gobierno local ya inició una
campaña el pasado año tras detectar que había más de diez millones de euros en impuestos
que están pendientes de cobro desde el año 2013.
Por ello, La Oficina
Municipal de Gestión Tributaria de Parla está enviando notificaciones de embargos
de 30.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sin cobrar,
aunque ya han prescrito casi 40 millones de euros de recibos anteriores al año 2013 que no se habían girado.
Su
deuda supera cinco veces a sus ingresos corrientes y los proveedores
municipales cobran a 430 días de media, más de un año. En lo que
llevamos de legislatura esa deuda a proveedores se ha reducido de 97 a 19,4 millones de euros.
Parla está en el punto de mira del Ministerio de Hacienda,
que ya le ha advertido de que, o reduce su morosidad, o procederá a
intervenir sus finanzas para que los proveedores puedan cobrar a tiempo.
¿Cómo? Hacienda les ha avisado de que le retendrá los ingresos
procedentes de la financiación local para abonar directamente sus
facturas.
Parla es una de las ciudades madrileñas que más titulares acapara por sus problemas financieros y sus lazos con la corrupción en el pasado reciente. Tomás Gómez,
el defenestrado líder del PSOE de Madrid, fue regidor entre 1999 y
2008. La Justicia investiga los sobrecostes de uno de sus proyectos
estrella, el tranvía, cuyo presupuesto se desvió casi un 40% y es el
principal causante de la fuerte deuda acumulada por la localidad. Otro
exalcalde socialista, José María Fraile, está imputado en el caso Púnica.
La Audiencia Nacional investiga si su equipo amañó un contrato de 66,2
millones de euros de eficiencia energética que se llevó Cofely.
Uno de los empresarios imputados en el caso, David Marjaliza, que ha decidido colaborar con la Fiscalía, declaró en sede judicial que por este contrato pagó en metálico 500.000 euros al jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego,
en "diez o doce entregas". Marjaliza, no obstante, destacó que él no
conocía a Fraile, pero le dijeron que ese dinero era "para el partido,
para el jefe, para hacer publicidad". También señaló que a través de él
Cofely pagó 200.000 euros a una fundación de la localidad dentro del
mismo acuerdo.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2018-01-14/parla-multas-trafico-deuda-cobro_1504692/
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