El alcalde
de Parla, el socialista José María Fraile, volverá a estar una vez más
bajo el foco de la Justicia. En los próximos meses, el sucesor de Tomás
Gómez en el consistorio parleño tendrá que sentarse en el banquillo por
el controvertido cese del ex jefe de Policía local del municipio Eduardo
Fernández Tejero. Tras su destitución, un juzgado obligó a Fraile a
readmitirle en 2010, sin embargo, el alcalde desobedeció al juez y
decidió trasladar al oficial a un despacho sin competencias. Ahora el
fiscal de zona pide que se vuelva a tomar declaración al regidor por el
incumplimiento de la resolución judicial.
La polémica se remonta a octubre de 2009. Entonces, Fraile y su por
entonces concejal de Seguridad, Mariano Sánchez Toribio, relegaron de
forma fulminante a Fernández Tejero como responsable de los agentes
municipales. «Eduardo, hemos perdido la confianza en ti». Ésta fue la
única explicación que recibió por su cese.
Por más que el jefe policial
recordó a los responsables políticos que su puesto no era «de
confianza», sino de acceso a través de oposiciones, lo único que recibió
como respuesta fueron más amenazas : «Me dijeron que me abrirían un
expediente disciplinario si no me iba voluntariamente del Ayuntamiento, y
si no aceptaba, me amenazaron con que quedaría relegado a cobrar mi
sueldo realizando funciones testimoniales».
Todo se cumplió. Se le abrió
un expediente, que con el tiempo fue archivado sin sanción, y
posteriormente fue destinado a un despacho sin competencias sobre la
Policía local, mientras percibía de forma íntegra su sueldo de cerca de
3.000 euros al mes. Una vez cumplidas las amenazas, Fraile modificó el
organigrama de la Policía local mediante la creación del cargo de
subinspector, que en el escalafón se situaría por encima de Fernández
Tejero. El elegido para esta responsabilidad fue el sargento Antonio
Aguado, suboficial, y por lo tanto con menor categoría que Fernández
Tejero, que es oficial.
El caso, a la Justicia
En ese momento, Fernández Tejero, hombre de confianza de Tomás Gómez en
la Policía Local y responsable en su día del expediente relativo al
«sheriff» de Coslada, decidió poner su cese en manos en la Justicia.
Primero, por la vía contencioso-administrativa, con el objetivo de ser
restituido en su puesto. En respuesta a esta solicitud, el Juzgado
Contencioso Administrativo número 15 de Madrid resolvió en noviembre de
2010 la anulación del decreto que supuso su relevo. El fallo subrayaba
que el consistorio debía readmitir a Fernández Tejero en su
responsabilidad anterior, y no, «bajo la apariencia de legalidad,
relegarle, no ya a un segundo plano, sino casi al ostracismo».
En la
resolución judicial también se argumenta que si Fraile quería nombrar a
un inspector o subinspector como jefe de la Policía Local lo «natural»
hubiera sido que éste fuera el de más rango, en este caso, Fernández
Tejero, y no Antonio Aguado.
Fernández Tejero también presentó una querella por prevaricación
administrativa contra Fraile y Sánchez Toribio. Ésta fue admitida y
ambos, acusados de prevaricación, tuvieron que sentarse en el
banquillo en 2010. La querella terminó provocando la dimisión del
concejal de Seguridad, que, no obstante, alegó para su salida del equipo
de gobierno «motivos de salud».
El culebrón, que dura ya casi tres años, vive ahora su penúltimo
episodio. El fiscal del área Getafe-Leganés ha remitido un escrito al
Juzgado de Instrucción número 7 de Parla. En este documento, al que ha
tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía pide a la secretaria del
Ayuntamiento que certifique la fecha de notificación del fallo en la que
la Justicia obligó a la readmisión de Fernández Tejero, así como la
fecha en la que los querellados, Fraile y Sánchez Toribio, tomaron
conocimiento de ello.
También solicita a la secretaria municipal que
explique quién debe cumplir la sentencia. Pero sin duda, lo que más
afecta a Fraile del escrito es la decisión de volver a tomar declaración
a Fraile para que se pronuncie «sobre las razones del cumplimiento,
cumplimiento parcial o incumplimiento» de la resolución.
Además, el
fiscal subraya su «especial interés en participar en la toma de estas
declaraciones», por lo que solicita que se le comunique la fecha y la
hora de su comparecencia para poder asegurar su asistencia. En respuesta
a este duro escrito, el juez que lleva el caso ha admitido todas las
peticiones de la Fiscalía, incluida la de tomar declaraciones
ampliatorias a los querellados, lo que acerca a Fraile al banquillo, en
donde no tendrá más remedio que explicar por que Fernández Tejero no fue
readmitido como jefe de los agentes de Parla.
El detalle del caso
LAS PETICIONES DEL FISCAL
Reclama el historial penal de Fraile
El escrito de la Fiscalía no deja mucho margen de maniobra a Fraile para
evitar el banquillo. Solicita a la secretaria municipal que diga cuándo
recibió el consistorio la notificación para que Fernández Tejero fuera
readmitido, cuándo el alcalde tuvo constancia de ello y quién es el
responsable de dar cumplimiento a la resolución judicial. Además,
subraya su «especial interés» en estar presente el día en el que Fraile
dé explicaciones ante la Justicia. Por si fuera poco, el fiscal cierra
su escrito con la solicitud de que «se aporte la hoja histórico penal de
José María Fraile Campos, ya que no consta en las actuaciones». El juez
que lleva el caso también ha pedido que se recaben sus antecedentes
penales.
