La interventora de Parla sonroja al alcalde por el sobrecoste de una obra

Se llama María del Prado de la Asunción Camacho. Es la viceinterventora
del Ayuntamiento de Parla y la única responsable en la materia que se
atrevió a denunciar el sobrecoste de una obra que se adjudicó cuando
Tomás Gómez todavía era alcalde del municipio. Se trataba de la
urbanización de unos terrenos en el PAU 5 de la localidad, que se
concedieron a una constructora por 14 millones de euros. El empresario
sorprendió a todos al reclamar otros 12 millones cuando las trabajos ya
estaban terminados. La interventora se opuso y emitió un informe en el
que aludía a la ilegalidad de la medida. Nadie le hizo caso. El actual
alcalde, José María Fraile, miró hacia otro lado y aprobó el
encarecimiento pese a conocer la situación.

La
interventora municipal advirtió al regidor socialista que el incremento
que iba a aprobar era de un 53% cuando la ley sólo permite hasta un 20%
siempre que esté debidamente justificado por causas inesperadas, para
evitar «graves perjuicios al interés público». Además, insistió en que
«las obras habían sido ejecutadas con carácter previo a la fiscalización
y aprobación del gasto».

Todo
comenzó en noviembre de 2006, justo dos años antes de que renunciara a
la alcaldía de Parla, cuando Tomás Gómez adjudicó las obras del PAU-5 a
la constructora Corsán-Corviam por 14 millones de euros, un valor muy
inferior a los 24 millones presupuestados para la obra en los pliegos
del concurso. El Consistorio decidió adjudicar el proyecto por esa
cantidad a sabiendas de que, posteriormente, podría tener un elevado
sobrecoste.

Las
obras comenzaron en diciembre de 2006, aunque el proyecto no se aprobó
definitivamente hasta marzo de 2008. Cuando el Ayuntamiento dio el visto
bueno ya habían pasado 15 meses del inicio de los trabajos y estos
estaban a punto de concluir.

«Imposible de predecir»

Pero
lo peor para las ya maltrechas arcas municipales de Parla comenzó al
mes siguiente —abril de 2008—, cuando la constructora exigió al
Consistorio el pago de otros 7,5 millones de euros más, según justifica
Corsán, por «la necesidad de introducir algunas modificaciones
imposibles de predecir» en 2006, fecha en la que se redactó el proyecto
bajo la dirección del propio ayuntamiento.

Según
la constructora, las numerosas «deficiencias del proyecto original»
obligaron a modificar todas las redes de saneamiento y suministro. Así,
por ejemplo, Corsán tuvo que redefinir las aguas pluviales y fecales por
el cambio de rasante de la red viaria, lo que incrementó el precio
inicial en otros 2,3 millones, casi lo mismo que costó modificar el
abastecimiento de agua.

El
coste de vigilancia privada y el cambio de acceso viarios, por la
ampliación de la carretera de Toledo, aumentaron todavía más el coste en
otro millón de euros. En resumen, cuando Tomás Gómez abandonó la
alcaldía de Parla para liderar el PSM a finales de 2008, la obra se
había encarecido hasta los 21,5 millones.

Su
relevo, el actual alcalde José María Fraile, estaba al corriente de
este asunto ya que era el concejal de Urbanismo y Hacienda en el momento
de su aprobación. A pesar de todo, aumentó todavía más el precio final
de la obra hasta los 26 millones de euros, 12 más del importe en el que
se adjudicaron. 

Y lo hace en diciembre de 2009, cuando él mismo firma un
acuerdo con la empresa por el que se compromete a pagar no sólo los 7,5
millones de más por las «deficiencias del proyecto original», sino
otros 2,6 por una supuesta revisión de precios que no estaba prevista
cuando se adjudicó el concurso y otros 1,7 por la liquidación final para
cubrir los imprevistos en el transcurso de las obras.

Fraile
se comprometió en nombre del Ayuntamiento de Parla a pagar ese
incremento de 12 millones de euros sin que lo aprobara el pleno
municipal, como exige la ley, y mucho antes incluso de que su propio
Gobierno local aprobara esa modificación, lo que no se produjo hasta
siete meses después, en julio de 2010, durante una Junta de Gobierno a
la que curiosamente no asistió el propio alcalde.

Todas
estas aprobaciones se realizaron a pesar de que en ambos casos la
interventora municipal (ex concejal del PSOE de Pinto) advirtió de que
esa modificación del proyecto suponía incrementar el precio de la
adjudicación en más de un 53%, cuando la ley sólo permite hasta un 20% y
siempre que esté debidamente justificado por causas inesperadas.

Antes de su aprobación

La
interventora también denuncia que esas obras se han realizado antes de
que se aprobaran los cambios y antes de que el ayuntamiento confirmara
que tenía dinero suficiente para pagarlas, por lo que advierte de que
«no se ha seguido el procedimiento establecido para la ejecución de un
gasto que requiere de fiscalización previa».

También
recuerda que los 7,5 millones por supuestas «modificaciones imposibles
de predecir» según la constructora y el ayuntamiento, tendrían que haber
sido aprobados por el pleno municipal, en el que sí está representada
la oposición, cosa que tampoco hizo el PSOE de Parla, a pesar de que el
actual alcalde se comprometió por escrito con la empresa a hacerlo antes
de un mes.

Sobre
la revisión de precios por 2,6 millones de euros que la constructora
solicita que se incluya en el nuevo proyecto, la interventora también
recuerda que el pliego de condiciones por el cual Tomás Gómez adjudicó
este concurso no preveía dicha revisión de precios. Pese a todas estas
advertencias, la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad el
encarecimiento de las obras... Eso sí, con la ausencia de su alcalde,
José María Fraile.

http://www.abc.es/20110502/madrid/abcp-interventora-parla-sonroja-alcalde-20110502.html