El Ayuntamiento de Parla ha aprobado hoy en Pleno una proposición
del PP para efectuar una auditoría interna de cuentas, que finalmente
será realizada por técnicos especializados en este ámbito, denominados
habilitados nacionales, y que ya prestan servicio en la administración
local.
El Consistorio ha explicado que esta auditoría incluirá
también las cantidades que el Ayuntamiento parleño asume en competencias
impropias, ya que aseguran que cada año destinan cerca de 15 millones
de euros en asumir servicios que no son de su competencia.
El
alcalde de la ciudad, José María Fraile, ha aseverado: "Esta cantidad
también hay que tenerla en cuenta a la hora de analizar qué es lo que
produce déficit. Así conoceremos qué administración es la que no está
haciendo los deberes y no está cumpliendo con lo que le corresponde".
El
acuerdo se ha alcanzado hoy en el Pleno Municipal, tras una proposición
del Grupo Municipal Popular que solicitaba que una empresa externa
realizase una auditoría en el Ayuntamiento de Parla y que se presentasen
las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010.
Finalmente, el equipo
de Gobierno (PSOE e IU) ha expresado que los funcionarios habilitados
nacionales (Viceinterventora, Secretaria General y Tesorero y
Vicetesorero) velan con su labor por la legalidad de todos y cada uno de
los procedimientos que se ponen en marcha en los Ayuntamientos, por lo
que no es necesario duplicar las acciones y los gastos encargando la
auditoría a una empresa externa.
Para la portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Victoria Muñoz, "los parleños no tienen por qué
asumir un gasto cercano a los 300.000 euros por una auditoría externa"
cuando se dispone de los mecanismos públicos "suficientes" para conocer
toda la información, y "ellos son los más capacitados para responder de
la legalidad de las cuentas".
El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento ha aseverado que la auditoría realizada por una empresa
externa "no tendría ninguna acción vinculante sobre las cuentas de este
Ayuntamiento, y su labor se limitaría a realizar recomendaciones que
podrían ser tenidas en cuenta o no por el Gobierno local".
"Sin
embargo, las directrices planteadas por los funcionarios con
habilitación nacional deben ser asumidas según marca la Ley", ha
concluido.
Hay que recordar que el PP parleño estima el déficit
del Consistorio en unos 300 millones de euros, entre ellos, deudas con
las empresas adjudicatarias de servicios públicos como el tranvía, la
Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) o la Asociación de
Empresas de Parques y Jardines (Aseja).
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