La
situación económica del Ayuntamiento de Parla va de mal en peor. Las
deudas que el Consistorio arrastra con proveedores desde la época en que
Tomás Gómez era
alcalde están poniendo contra las cuerdas la gestión diaria del
municipio. La soga comienza a apretar en serio. Para colmo, el municipio
no para de recibir malas noticias. La última viene del Juzgado número
19 de Madrid, que ha decidido embargar al Ayuntamiento de Parla por valor de 4
millones de euros. Se trata de la primera vez que la justicia confisca
propiedades de un municipio por falta de pagos a proveedores.
La
decisión de la Justicia viene motivada por la deuda que dejó el
anterior alcalde y actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, con
la empresa Servidrive SL, a la que éste tenía adjudicada la gestión de
las instalaciones deportivas del municipio. Un «agujero» que, pese a los
numerosos requerimientos de los tribunales y de la propia empresa, el
sucesor de Gómez, el actual alcalde socialista, José María Fraile, sigue sin pagar.
Esta
empresa llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Parla a principios de
2009 ya que Gómez dejó la Alcaldía sin abonarle 4,1 millones de euros
en facturas correspondientes a sus dos últimos años como regidor (2007 y
2008). Un año después, la Justicia le dio la razón y condenó al
Ayuntamiento a pagar esos 700 millones de las antiguas pesetas más
intereses de demora.
Durante
otro año largo, el heredero de Tomás Gómez, José María Fraile, se
limitó a ignorar la sentencia, por lo que el pasado mes de febrero el
mismo juzgado volvió a emitir otro auto obligando al Consistorio a
cumplir esa sentencia por la vía de la ejecución forzosa.
644.000 euros en intereses
Sólo tras este
segundo aviso, el actual alcalde pagó unos 780.000 euros a la empresa,
lo que representa apenas la quinta parte de la deuda, sin contar los
intereses de demora. Al mes siguiente, en marzo de este año, el juzgado recordó a Fraile que le restaban por pagar 3,3 millones de euros de la deuda principal, más 644.000 euros de intereses. Además, le instó a explicar a la empresa cómo y cuándo pensaba pagarlos.
Tras
cuatro meses sin ninguna respuesta por parte del alcalde socialista, el
juez decidió a finales de julio ordenar la ejecución —contra la que «no
cabe recurso alguno»— por valor de los 4 millones de euros que siguen
pendientes desde la época de Tomás Gómez. Ese mismo día, además, el
secretario judicial instó a la interventora municipal a que en el plazo
de dos semanas aportara una relación de bienes patrimoniales del
municipio que pudieran ser susceptibles de embargo por dicha cantidad.
El juez deja claro en el auto
que los bienes requisados no pueden afectar al servicio público que el
Ayuntamiento presta a los vecinos de Parla, pero sí a terrenos,
edificios o cualquier otro patrimonio municipal.
«Tranvía por kilómetro»
Las
deudas que Tomás Gómez dejó a su sucesor, y que éste no ha querido —o
no ha podido— satisfacer han comenzado a empobrecer el patrimonio de
todos los vecinos de Parla, en este caso en más de cuatro millones por
una sola empresa.
Asusta
pensar lo que puede pasar si otros acreedores como Tranvía de Parla o
Valoriza (recogida de basura) siguen el mismo camino. Basta
recordar que solo a esta última compañía, el alcalde acaba de reconocer
que le debe 80 millones de euros más intereses, buena parte de ellos
también de la época de Tomás Gómez.
Los
problemas que genera el tranvía de Parla son, también, para echarse a
temblar. El tranvía supuso una inversión para la empresa concesionaria
de 130 millones de euros. Comunica el casco urbano de la localidad con
los nuevos desarrollos de Parla Este, un consorcio urbanístico formado
por la Comunidad de Madrid (55%) y el Consistorio parleño (45%).
Mientras
este consorcio aportó 44 millones de euros, procedentes de los
beneficios derivados de los desarrollos de suelo, para la construcción
de la línea de tranvía, el Ayuntamiento, presidido entonces por Tomás
Gómez, se comprometió a abonar los 88 millones de euros restantes hasta
2037, así como una compensación por explotación en concepto de «tranvía
por kilómetro» durante los cinco primeros años.
A
día de hoy, el Ayuntamiento no ha pagado ni un solo euro de lo que le
correspondía según consta en los resúmenes ejecutivos del Consejo de
Administración de Tranvía de Parla S.A., que fija el total impagado por
su parte a 31 de diciembre de 2010 en 29,4 millones. Además, las obligaciones del Consistorio previstas durante 2011 ascienden a 9,5 millones de euros, lo que supone que la deuda aumenta 800.000 euros al mes, un dato muy preocupante en este contexto.
Todos
estos problemas económicos están llevando la incertidumbre a los
funcionarios del Consistorio que, en privado, comienzan a temer que el
Ayuntamiento se vea obligado a poner en marcha un ERE para garantizar la
viabilidad económica del Ayuntamiento.
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