martes, 5 de marzo de 2013

Caso sobre-sueldos: Los interventores no avalan los pagos de Parla desde 2011 por incumplir la ley








En menos de una década Parla ha pasado de tierra prometida a ayuntamiento fallido.
El último episodio que refleja el escasísimo margen de maniobra con que
cuenta el alcalde, José María Fraile (PSOE), para capear la deuda de
más de 300 millones de euros —250 millones con proveedores (1.800 euros
por cabeza), 45 con la banca y 20 con el Gobierno regional— que asfixia
al municipio lo dejan los interventores de Parla. Desde noviembre de
2011 se niegan a avalar con su firma los pagos del Ayuntamiento.






La Intervención Municipal lleva desde hace casi año y medio
advirtiendo de que cualquier gasto “omite la legalidad vigente” ya que
provoca que el Consistorio incumpla sistemáticamente la estabilidad
presupuestaria. La situación es tal que el Ayuntamiento se ve condenado a
incumplir la ley cada vez que realiza cualquier pago, salvo la nómina
de la plantilla municipal. Así lo ponen de manifiesto los informes de
los interventores municipales en una muestra de 72 facturas, de casi
tres millones, pagadas desde finales de 2011.






En todo este tiempo el Consistorio ha ignorado las advertencias de
los interventores, que han recurrido en cada pago a una figura
excepcional, la de “obediencia debida”, que ampara su labor y les exime
de responsabilidades. En noviembre de 2011 la interventora municipal —ex
concejal socialista en Pinto— empezó a emitir informes de los gastos
del Gobierno local que a su entender no deberían realizarse “en ningún
caso”, aludiendo a los “graves desequilibrios” que provocaban a su vez
el “incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria” que la
ley obliga a cumplir a los ayuntamientos.






La interventora también se opuso a que se pagara a las actuales
contratas de servicios municipales, como la limpieza de colegios y
recogidas de basura, antes que a otras con las que Parla mantenía deudas
por esos mismos servicios de la época del anterior alcalde y actual
secretario general del PSM, Tomás Gómez. La misma interventora pidió el
año pasado que se redujera el presupuesto de gastos como mínimo en 30
millones, la tercera parte del total, y que el Consistorio se limitara a
los gastos “imprescindibles”. 





Finalmente pidió el traslado a otro
municipio, tras no aprobar que se gastaran por ejemplo 1.000 euros en el
alquiler de dos furgonetas para ir a ojear toros a Sevilla o 25.000
euros para alquilar tres carrozas para la cabalgata de Reyes.






El actual interventor, que ocupa el puesto desde finales de 2012, ha
seguido poniendo los mismos reparos que su antecesora, e incluso ha
recomendado que los gastos aprobados sin su visto bueno sean
suspendidos. Las advertencias de los dos interventores coinciden con las
del Tribunal y la Cámara de Cuentas, para quienes Parla se encuentra en
una situación de “insolvencia apreciable” y su presupuesto “no merece
ninguna credibilidad”. El presupuesto de la localidad lleva prorrogado
desde 2010. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
declaró nulo el presupuesto de Parla de 2003. Igual que los de 2005 y
2009, anulados de forma parcial o por entero.






Fraile, alcalde desde 2007, está citado a declarar en el
Juzgado número 2 de Parla, al estar imputado por un delito de
malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.
































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