Los sobresueldos que el Ayuntamiento de Parla
pagó a sus funcionarios entre los años 2008 y 2011 llevarán hoy al
alcalde del municipio, el socialista José María Fraile, ante el juez.
Declarará en el Juzgado número 2 de esta localidad del sur de la región
en calidad de imputado por un delito de malversación de caudales
públicos. Una declaración que Fraile reconoce afrontar con
«tranquilidad» pero que el Gobierno regional considera una
«circunstancia de la máxima gravedad al poder derivar en
responsabilidades penales». Horas antes de esta cita, LA RAZÓN ha podido
hablar con el que fuera en los años de la polémica el concejal de
Seguridad y Personal del Ayuntamiento de Parla, Mariano Sánchez Toribio,
y como tal, una de las personas que mejor conocen los detalles de lo
que ocurrió realmente con estos pagos.
Sánchez Toribio reconoce
haber «heredado» el convenio en el que se incluyen las prebendas a los
funcionarios públicos de la etapa de la anterior concejala de Personal,
Laura Cillero. Fue aprobado en septiembre de 2008 con Tomás Gómez como
alcalde, aunque con la firma de su por entonces número dos, José María
Fraile.
Apenas un mes y medio después, el 21 de octubre, la Delegación
del Gobierno, dirigida en ese momento por la también socialista Soledad
Mestre, envió al consistorio un requerimiento para que se modificaran
algunos puntos del convenio y otros fueran eliminados directamente.
«Recibimos el requerimiento y yo fui a hablar personalmente con una
representación de la Delegación del Gobierno, en concreto con el
subdelegado, Ricardo García», sostiene Sánchez Toribio. En ese
encuentro, el concejal parleño fue instado a «anular y corregir algunos
de los artículos del convenio, ya que la Delegación del Gobierno
consideraba que eran contrarios al Estatuto de la Función Pública». El
argumento de la Delegación era claro: algunos de los puntos del convenio
excedían las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia de
personal. Según su relato de los hechos, Sánchez Toribio dio traslado
inmediato de aquella reunión a Fraile. El responsables de Personal
desconoce, sin embargo, si el alcalde puso en conocimiento de ello al
PSM y, por tanto, al anterior primer edil, Tomás Gómez.
Tras
aquella reunión, Sánchez Toribio fue el encargado de liderar las
negociaciones con los sindicatos para dejar sin efecto los puntos del
convenio que debían ser anulados. Unas conversaciones en las que, según
el ex concejal, los sindicatos no pusieron grandes obstáculos: «Llegamos
a un acuerdo porque se nos había dicho que había que quitarlo y que era
ilegal. Y se retiraron esos puntos del convenio».
El siguiente paso fue
llevar el nuevo texto a la Junta de Gobierno. Se celebró una sesión
extraordinaria y urgente el 16 de enero de 2009, presidida por Fraile.
Desde ese día quedaban enterrados «oficialmente» los sobresueldos. «La
Junta de Gobierno modificó los puntos que la Delegación del Gobierno
consideraba ilegales y se dejaron sin contenido para que no se siguieran
pagando», recuerda el ex edil de aquella reunión entre los nueve
miembros del Gobierno local.
Pero una cosa es lo que se firmó
aquel día y otra muy distinta lo que se puso en práctica. «Los
complementos fueron anulados pero se siguieron pagando. La orden de pago
la tiene el alcalde», subraya Sánchez Toribio. La circunstancia de que
los funcionarios continuaran recibiendo estos complementos queda
refrendada por las actas de liquidación del consistorio de cada uno de
los años comprendidos entre 2008 y 2011.
En todos estos documentos, las
arcas municipales destinan una partida presupuestaria al conocido como
«fondo social» –que incluía una ayuda lineal para todos los
trabajadores destinada a actuaciones de protección social–, otra al
denominado «fondo de absentismo» y otra más para «gratificar» a aquellos
trabajadores que decidiesen jubilarse de forma anticipada. Algo que
también ratificó la Fiscalía, ya que «mediante decretos del alcalde, se
han venido aprobando pagos a los funcionarios y al personal laboral del
Ayuntamiento», subrayaba en su denuncia.
Se siguieron pagando los
sobresueldos ya que, según el análisis que realiza el que fuera su
concejal de Personal, «me imagino que Fraile lo que no quería era
enfrentarse a los empleados públicos».
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