Un
informe del Tribunal de Cuentas publicado a principios de este año
señalaba que Parla era el municipio de toda España que más facturas
impagadas acumulaba por vecino en 2011. Al repartir los 250 millones de
euros en facturas sin pagar entre los habitantes del municipio, a cada
parleño le correspondía en ese momento un montante de casi 2.050 euros.
Esta acumulación de impagos constituye un lastre que las arcas públicas
de Parla arrastran desde hace años. A este montante millonario
se añade el de las facturas que ni siquiera han sido reconocidas por el
consistorio.
Según los datos de la propia Tesorería Muncipal, el
consistorio contaba, a finales del mes de junio de este año, con 2.049
facturas y documentos justificativos por valor de casi 32 millones de
euros sin reconocer. Son facturas sobre las que, después de haber
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro
municipal, no se han tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento. La nueva legislación de las administraciones públicas
–la Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales– obliga a los ayuntamientos a
informar cada trimestre de los impagos que van acumulando.
Por este
motivo, los técnicos de la Tesorería municipal elaboraron un informe
–bajo el título «Informe de Morosidad del Segundo Trimestre de 2014»–
con las facturas que seguían sin ser reconocidas al finalizar la primera
mitad del presente año. Se trata de facturas que los distintos
proveedores de servicios y empresas que trabajan para esta
administración han presentado al ayuntamiento a través de su registro,
pero sobre las que todavía no se ha reconocido la obligación de pago,
requisito necesario y previo al abono efectivo de las cantidades
adeudadas. Del total de facturas sin reconocer, 726, por valor de
2.953.044 euros, están relacionadas con gastos corrientes en bienes y
servicios; ocho facturas con un coste de 4.766.979 euros están incluidas
en el capítulo de «Inversiones reales»; mientras que el grueso de los
32 millones de euros –en concreto, 24.255.605 euros– figuran bajo el
epígrafe de facturas sin desagregar.
El informe también aporta
información en torno al periodo medio que el Ayuntamiento tarda en
cumplir con la obligación de reconocer estos documentos. Y aunque esta
cifra varía bastante de los 581 días que se tarda en reconocer una
factura del capítulo de «Inversiones reales» a los 1.363 días en que se
«legaliza» una del epígrafe «Gastos corrientes en Bienes y Servicios»,
la media, según el informe de la tesorería, se encuentra en los 1.308
días, lo que significa un periodo de tiempo de en torno a los tres años y
siete meses.
Pagos de una década
En diciembre, el equipo de Gobierno municipal de Parla decidió «legalizar» algunas facturas viejas. Lo hizo a través de tres reconocimientos extrajudiciales de deudaque concernían a facturas de la última década; algunas eran incluso de 2004. Por valor de 4,6 millones de euros, uno de estos reconocimientos incluye facturas atrasadas, algunas relativas a la prestación de servicios sociales, de limpieza viaria o de mantenimiento de las zonas verdes. Destacan algunas como una de 600.000 euros a la empresa que prestaba el servicio de limpieza viaria hace años (Valoriza) y otra de 330.000 a Tranvía de Parla. Pero también se incluyeron pagos menores, vinculados, por ejemplo, a las fiestas a los mayores, a la instalación de una cámara de seguridad en el Museo del Bonsái, o la relacionada con una charla sobre voluntariado, en la que se acordó que su autor percibiera 330 euros. También se incluyó entonces una partida de más de un millón de euros por la tasa de Bomberos de principios de 2006 y 340.000 en concepto de luz y gas en las instalaciones municipales.
«Se dejó de pagar facturas por mantener los sobresueldos»
El
impago de facturas constituye un lastre que el consistorio de Parla
arrastra desde los tiempos de Tomás Gómez como alcalde. En 2012, por
ejemplo. el Ayuntamiento de Parla acudió al plan de pago a proveedores
reconociendo facturas sin pagar por valor de 250 millones de euros,
mientras que en 2013, la cantidad solicitada por impagos a través de
esta herramienta habilitada por el Gobierno central ascendió hasta los
46 millones. Ello significa que sólo en los dos últimos años, Parla ha
puesto al día facturas por valor de casi 300 millones. Con motivo del
procedimiento judicial que investiga el pago de complementos salariales
presuntamente ilegales a los empleados públicos por parte del
Ayuntamiento, el que fuera concejal de Personal y Hacienda, Mariano
Sánchez, llegó a reconocer durante una declaración ante el juez que el
Ejecutivo local «dejó de pagar facturas para mantener los sobresueldos».
No hay comentarios:
Publicar un comentario