Desde el
inicio de la legislatura, Parla es un continuo foco de protestas
provocadas por los impagos y por la deuda generada por Tomás Gómez y por
Fraile.
El pasado
mes de octubre, el Ayuntamiento de Parla despedía a 66 trabajadores
municipales. La medida provocó que la coalición de Gobierno, integrada
por ediles socialistas y cuatro concejales de Izquierda Unida, saltaba
por los aires y dejaba al alcalde, José María Fraile, en minoría. El 20
de noviembre, los grupos de la oposición, PP, IU y UPyD, aprobaban una
moción que rechazaba los despidos, en la que instaban a Fraile a
readmitir a estos empleados.
Ahora, la Justicia ha determinado que los
despidos realizados por el equipo municipal son nulos. Así lo pone de
manifiesto la sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid y que resuelve el recurso planteado por
una de las 66 personas que fueron despedidas.
El fallo subraya la nulidad del despido «por no seguirse el
procedimiento de regulación de empleo previsto» en la Ley para casos
como el del Consistorio parleño. La sentencia se fundamenta en que la
extinción de los 66 contratos de trabajo «sólo pudo materializarse
incoando el preceptivo ERE, tal como se dispone en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores». En contra de ello, el equipo de Fraile
decidió en octubre realizar los despidos de forma individualizada. La
decisión de aprobar un Expediente de Regulación de Empleo hubiera
necesitado de la autorización de la Comunidad de Madrid, que, a su vez,
tendría que haber controlado que el proceso se realizara con todas las
garantías.
Además, el fallo recuerda que este artículo del Estatuto de los
Trabajadores deja claro que estos despidos, en el caso de haberse
realizado por el procedimiento previsto, han de contemplar una
indemnización de 20 días por año trabajado. Algo que tampoco se cumplió
en el caso de Parla, ya que no recibieron ningún tipo de compensación
económica. En este sentido, el magistrado asegura en su escrito que «lo
que no es admisible en ningún caso» es validar la extinción del contrato
«no por llegado su término natural, sino por causas ajenas a ella y al
contrato y sin recibir el resarcimiento previsto para estos casos». De
esta forma, el juez pone en entredicho el procedimiento puesto en marcha
por el Gobierno del PSM a la hora de reducir la plantilla municipal.
Como consecuencia de la nulidad del despido, la sentencia condena al
Ayuntamiento de Parla a que en el plazo de cinco días sea readmitida la
persona que interpuso el recurso. Además, le deberán ser abonados los
salarios que ha dejado de percibir desde la fecha en la que se efectuó
su salida.
Aunque la sentencia resuelve el recurso planteado por una de las
trabajadoras, la argumentación jurídica sobre la que el magistrado
sustenta su fallo hace referencia en todo momento a que los 66 despidos
en su conjunto se efectuaron de forma contraria al Estatuto de los
Trabajadores.
En su día, José María Fraile calificó los despidos como una decisión
«inevitable» motivada por la situación económica del Ayuntamiento y no
tuvo reparos en calificarla «como un ejercicio de responsabilidad».
Ahora, a Fraile sólo le queda la opción de recurrir la sentencia que
declara nulos estos despidos. Una opción que, sin embargo, amenaza con
alargar el conflicto y con terminar resultando todavía más costosa para
las maltrechas arcas de la ciudad.
Una deuda, sin solucionar
Esta sentencia supone el último revés para un equipo municipal marcado
por la polémica. En minoría desde que Izquierda Unida decidiera salir
oficialmente de la coalición en el poder, Fraile se enfrenta a la
gestión de un día a día lastrado por una deuda que, según el grupo
popular, supera los 200 millones de euros.
Como consecuencia de este
agujero en las cuentas, el consistorio no paga puntualmente y de forma
íntegra desde hace meses los servicios públicos municipales, así como
las nóminas de sus empleados. La recogida de basuras, el servicio de
limpieza, los polideportivos o el tranvía de Parla se han convertido en
continuos campos de batalla por el contexto cercano a la quiebra del
Ayuntamiento.
«Madrugón» sin derecho a voto
Para analizar la difícil situación que atraviesa Parla, el Partido
Popular convocó un Pleno extraordinario que finalmente se celebrará hoy.
De acuerdo con el Reglamento municipal, el grupo de la oposición que
propone este Pleno puede fijar el orden del día, mientras que el
alcalde, por su parte, determina la fecha y la hora del mismo. Sin
embargo, José María Fraile, al margen de convocarlo a una hora tan poco
habitual para estas citas como las 8:30 de la mañana, ha modificado la
propuesta inicial de los populares. De hecho, Fraile ha suprimido del orden del
día el punto en el que el PP pedía los informes de la interventora
municipal. Del resto de puntos, el alcalde también ha vetado la
posibilidad de someter a votación las propuestas del PP. Sólo autoriza
su debate, pero, quizá porque se sabe en minoría, los concejales no
podrán aprobarlas o rechazarlas. Entre los puntos que no se votarán está
la iniciativa del PP de dar máxima prioridad a los pagos de la limpieza
y los comedores de los colegios.
ENCIERRO POR EL IMPAGO DE LAS NÓMINAS
Los trabajadores municipales iniciaron ayer un encierro «permanente» en
el Ayuntamiento parleño. Lo que reclaman los miembros del comité de
empresa es que el Ejecutivo de Fraile les abone la totalidad de las
nóminas del mes de enero, ya que hasta el momento sólo han percibido el
40% de las mismas. Fuentes sindicales señalaban que su acción va para
largo y que su intención era pasar allí la noche para poder acudir al
Pleno de hoy. Respecto a los pagos pendientes, los trabajadores
municipales son pesimistas: «Nos dicen que no tienen liquidez y que no
pueden pagar». Aunque desde el municipio se escudan en los impagos de la
Comunidad, desde el comité de empresa aseguran que la mayoría de los
empleados dependen del presupuesto municipal: «Es increíble que en
octubre se despidiera a 66 personas y ahora nos encontremos con esto».
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