Las arcas
parleñas ya no dan abasto. La deuda del municipio (unos 200 millones de
euros, según el PP) ya se ha saldado con 66 despidos y cerca de 50
bajas incentivadas.
Además, esta deuda impide desde hace meses el pago puntual y
completo de los servicios públicos municipales, transferidos a empresas
privadas, como la recogida de basuras, los polideportivos, el servicio
de limpieza municipal e incluso el mítico tranvía de Parla, la «niña
bonita» de Tomás Gómez durante el tiempo que gobernó el municipio,
entre 1999 y 2008.
Unos impagos y retrasos que ya han repercutido en las
nóminas de los trabajadores. El pasado martes, el alcalde de Parla,
José María Fraile (PSOE), ya advirtió a los representantes del comité de
empresa del Ayuntamiento de que retrasará el pago de las nóminas del
mes de enero. Y lo peor es que ni siquiera pudo informar a los empleados
cuándo podrá abonarlas.
El anuncio cayó como una bomba en un municipio que ya ha visto cómo se
rompía el pacto de Gobierno entre IU y PSOE precisamente por la deuda y
la decisión de despedir a trabajadores por parte de Fraile para
afrontarla. En este contexto, el alcalde de Parla decidió, una vez más, intentar
lanzar la pelota al tejado de otro.
Como ya hiciera con la deuda del tranvía de Parla, el socialista ha
vuelto a pedir explicaciones a la Comunidad de Madrid e incluso ha dado a
entender que si no paga las nóminas es por su culpa. «El Gobierno
regional nos está abonando las cantidades correspondientes a abril de
2011 y eso, sumado a otros factores, provoca que en ocasiones
puntuales, tengamos que asumir los pagos fuera de fecha», aseguró. La
respuesta le llegó ayer, por parte del vicepresidente regional, Ignacio
González: «Parla es la crónica de una muerte anunciada» y lo de Fraile
«son excusas de mal pagador».
La cuenta final, 13 millones
Fuentes de la Consejería de Economía explican que Parla debe al
Gobierno de Esperanza Aguirre algo más de 20 millones de euros: 18,2 de
la tasa de bombero, 1,4 millones de la tasa de residuos sólidos urbanos y
521.000 euros al Consorcio por el convenio de Transporte Urbano.
Por su
parte, el Gobierno regional debe a Parla siete millones por violencia
de género y conciliación, con lo que la cuenta final dice que Fraile
debería pagar los 13 millones de diferencia antes de «lanzar de nuevo la
pelota».
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