El sueldo de la socialista Lorena Rodríguez como "asesora" ascendía a 30.159 euros, ahora como "consejera delegada" percibirá 42.989 euros brutos al año –a lo que hay que sumar un 27% de cotizaciones, lo que eleva el coste para el Ayuntamiento de Parla hasta los 54.000 euros anuales.
Posiblemente
en uno de sus peores momentos al frente del Ayuntamiento de Parla, su
alcalde, el socialista José María Fraile, anunció ayer la remodelación
de su equipo de Gobierno. Lo que desde el consistorio ven como unos
cambios necesarios para «aprovechar las sinergias conjuntas y para poner
en valor el excepcional trabajo» de los concejales, para el principal
partido de la oposición no es más que una mera «operación de
maquillaje». Una jubilación, dos «castigos» y el blindaje de algunos de
sus colaboradores más fieles son las claves que explican una
remodelación sobre la que se venía rumoreando desde hace días en la
localidad del sur de la región.
En este baile de sillas, la única salida que se produce es la de José
María Díaz Castañeda. Al jubilarse, Díaz Castañeda abandona su
responsabilidad como consejero delegado de Personal, Régimen Interno y
Formación y Empleo. Desde este cargo se ha visto envuelto en dos de las
grandes polémicas que recientemente han convulsionado la vida del
Ayuntamiento: él fue quien negoció el ERE de empleados municipales de
hace un año y tuvo también que enfrentarse a las protestas por el impago
de las nóminas de los funcionarios.
Especialmente significativa resulta
su salida después del aluvión de sentencias que obligan al Ayuntamiento
a readmitir a los trabajadores despedidos. La deuda acumulada por las arcas municipales
con los trabajadores incluidos en el ERE –a los que el TSJM no sólo
reconoce el derecho de volver a su puesto en el Ayuntamiento sino
también el de cobrar las nóminas atrasadas– asciende a dos millones de
euros.
Díaz Castañeda será sustituido por Lorena Rodríguez. El 11 de noviembre
del pasado año, la ahora nueva consejera delegada de Personal fue
nombrada asesora en este mismo departamento, después de que en las
últimas elecciones municipales, en las que formaba parte de la lista de
Fraile, no lograra sacar acta de concejal.
A pesar de que desde el
consistorio defendieron ayer que estos cambios no suponen un «incremento
de costes», el ascenso de Lorena Rodríguez sí supondrá una mejora en su
actual contrato. Y es que mientras su sueldo como asesora ascendía a
30.159 euros, ahora como consejera delegada percibirá 42.989 euros
brutos al año –a lo que hay que sumar un 27% de cotizaciones, lo que
eleva el coste para el consistorio hasta los 54.000 euros anuales–. El
propio Fraile, en una propuesta firmada el martes, pide al Pleno que «se
adopte el acuerdo de asignar a Lorena Rodríguez los mismos derechos
económicos que los acordados para los miembros electos en situación de
plena dedicación». Esta enorme mejora en sus condiciones económicas sí supone
por tanto un incremento de costes para el Ayuntamiento de Parla ya que Díaz
Castañeda, como el propio Gobierno del PSOE, ha reconocido en varias
ocasiones –una de ellas en un Pleno de agosto de 2011– que no cobraba
nada por desempeñar sus funciones como responsable del personal
municipal.
Por su parte, los cambios realizados en el seno de su junta de Gobierno
dejan dos grandes damnificadas. Una de ellas es Victoria Muñoz, hasta
ahora número tres de Fraile. Su responsabilidad a partir de ahora se
limitará al área de Obras Públicas, ya que dejará de ser segunda
teniente de alcalde y portavoz adjunta, competencias que son asumidas
por Pablo Sánchez Pastor.
La otra «señalada» en esta crisis de Gobierno
es nuevamente Beatriz Arceredillo. Fue la única que se opuso a los
despidos de empleados municipales. Esta postura le valió en su día su
salida de la Junta de Gobierno y que Fraile la degradara como delegada
especial. Hasta ahora, Arceredillo tenía al consejero delegado –al que
denunció por acoso laboral– por encima en las competencias de Personal.
Ahora, Arceredillo, concejala delegada especial de Formación y Empleo,
tendrá también por encima al concejal Pablo Sánchez Pastor, entre cuyas
competencias asume curiosamente también las de Formación y Empleo,
aunque éste con más rango que la edil díscola.
Si Beatriz Arceredillo y Victoria Muñoz representan la cruz de esta
remodelación, María José López Bandera –además de Pablo Sánchez, que
acumula las competencias mencionadas– es claramente la gran beneficiada
de esta crisis de Gobierno. No en vano, fuentes municipales sostienen
que la remodelación de la junta de Gobierno podría consolidar a medio
plazo a María José Bandera como la «sustituta natural de Fraile» al
frente del consistorio. Bandera continuará siendo la primera teniente
alcalde y portavoz del municipal, además de controlar Urbanismo, Nuevas
Tecnologías, Desarrollo Empresarial y Políticas Transversales.
La oposición popular pide la dimisión de Fraile
Tras conocerse la nueva composición del equipo de Gobierno del
socialista José María Fraile, el portavoz del PP en la localidad, Miguel
Ángel López del Pozo, acusó al alcalde de «intentar desviar la
atención» al «cargar toda la responsabilidad de la gestión económica
sobre la concejala Victoria Muñoz, que es sin duda la gran damnificada».
Asimismo, López insiste en que Fraile debe asumir su responsabilidad en
la situación del consistorio y presentar su dimisión: «El Pleno del
Ayuntamiento de Parla aprobó por mayoría pedir la dimisión del alcalde.
Además, el alcalde socialista es el que está procesado por un delito de
prevaricación y de desobediencia por incumplir una sentencia que le
obligaba a readmitir al ex jefe de la Policía Local». Es por tanto
Fraile, a su juicio, quien debe dimitir y «dejarse de operaciones de
maquillaje».
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