En el curso de la investigación por el pago de
«sobresueldos» presuntamente ilegales a los trabajadores del
Ayuntamiento de Parla –por el que el alcalde del municipio, José María
Fraile, está imputado por un delito de malversación de caudales– la
última en declarar como imputada ha sido la ex técnico de relaciones
laborales del consistorio Susana Giral. Su comparecencia en el Juzgado
número 5 de la localidad, el 31 de mayo, se produjo después de que el
propio alcalde y la ex viceinterventora municipal –ésta como testigo–
tuvieran que hacerlo el pasado 5 de marzo.
En la declaración de
Fraile ante el juez, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el regidor deja
claro desde el principio que él «no era el alcalde en el momento» de
aprobarse el polémico convenio colectivo de 2008. Este convenio regulaba
los complementos salariales que la Delegación del Gobierno consideró
ilegales y que fueron anulados sobre el papel por la Junta de Gobierno
pero que, en la práctica, se siguieron abonando durante tres años. El
alcalde parleño también reconoce en su declaración que «en los
presupuestos de 2009» –los posteriores a que la Junta de Gobierno
formalmente eliminara los pluses– se incluyeron «por inercia en su
elaboración» las mismas partidas correspondientes a los preceptos
anulados. La «inercia» es, de hecho, uno de los argumentos que Fraile
maneja como principal razón de los pagos, ya que, a lo largo de la
declaración, se refiere a este concepto hasta en tres ocasiones: «Se
haría por inercia; no sería muy acertado, pero al llegar a mí han pasado
por el secretario y los técnicos, y nadie me ha puesto objeción para el
pago», relató el alcalde al ser preguntado acerca del porqué se
siguieron elaborando listas con los trabajadores que debían percibir
estos pluses en un momento en el que ya no estaban en vigor. En sus
declaraciones a la Prensa aquel mismo 5 de marzo, Fraile ya optó por
echar las culpas a los funcionarios: «Los pagos venían santificados por
los técnicos municipales».
En un momento de la declaración, el
alcalde recuerda que podría darse el caso de que hubiera «una partida de
absentismo y que luego no se haya aplicado, ya que luego se
rectifican». Sin embargo, el informe elaborado por la viceinterventora
en junio de 2012 –publicado ayer por este diario– viene a demostrar que
los complementos en 2009, 2010 y 2011 se siguieron pagando a los
trabajadores, para lo que se «rebautizaron» –el Fondo de Absentismo pasó
a ser «productividad» y el Fondo Social se convirtió en «retribuciones
en especie– y se siguieron cargando a las partidas presupuestarias
supuestamente anuladas. También las liquidaciones de los presupuestos
que hace públicas cada año el Ayuntamiento demuestran que el dinero para
el pago de los complementos procedía de las partidas originales
señaladas como «ilegales» por la Delegación del Gobierno.
«Sin ningún criterio»
El
mismo día que Fraile, también declaró ante el juez la ex
viceinterventora municipal María del Prado de la Asunción. Esta ex
concejala socialista en Pinto aseguró que cuando se incorporó al
Ayuntamiento, en diciembre de 2008, el convenio colectivo 2008-2011 ya
estaba aprobado por el equipo de Tomás Gómez, que nadie la informó de
que la Delegación del Gobierno había obligado al consistorio a
modificarlo, pero que sí tuvo constancia de que existía «un runrún de
que había que anular unos artículos», que de «repente» fueron
eliminados, para lo que, sin embargo, «no le pidieron ningún informe».
La viceinterventora también afirma que los pagos por «productividad» no
obedecían «a ningún criterio» y que los listados con los perceptores de
estos pluses «no los supervisaba nadie hasta llegar al alcalde». María
del Prado de la Asunción se remite a su informe de junio de 2012 –en el
que se demuestra que los pagos se siguieron haciendo incluso en 2011 con
cargo a partidas que debían haber sido anuladas– y, en la línea de lo
que había hecho Fraile, descarga responsabilidades en la técnico de
relaciones laborales Susana Giral, de la que asegura que «su trabajo no
era el mejor».
500 euros por trabajador
La
última en pasar por el juzgado, en calidad de imputada, en relación con
este caso fue precisamente Susana Giral el 31 de mayo. La ex técnico
municipal responsabilizó en su declaración al por entonces concejal de
Personal y Hacienda, Mariano Sánchez: «El que tomaba la decisión de
quién recibía esos conceptos era el concejal de Hacienda». También le
señala como responsable de «autorizar dichos pagos» y de determinar los
«criterios que tenían en cuenta para elaborar los listados» de
perceptores de los complementos. Asegura que ella redactó un informe en
el que recomienda hacer caso a las exigencias de la Delegación del
Gobierno de eliminar los «sobresueldos». Asegura «desconocer en qué
partidas se cargaban la retribución en especies y la productividad por
objetivos» y que no sabía «qué criterios se tenían en cuenta para
elaborar los listados». Pese a todo esto, la técnico también asegura que
«no informaba previamente a los decretos de alcaldía aprobando los
pagos». Lo que sí asegura es que ella misma, como trabajadora municipal,
sí recibió «algunos de estos complementos que estaban calificados como
productividad», y en concreto, precisa más adelante, casi «500 euros al
año por productividad que era la cantidad que percibía la mayoría de los
empleados».
