En la arruinada y decrépita Parla, una buena parte de los servicios que
"presta" el Ayuntamiento a sus vecinos están privatizados. Lo está el
tranvía, la gestión de los polideportivos, la recogida de basuras, la
limpieza viaria, el mantenimiento de las fuentes, pero también
prestaciones como, por ejemplo, la teleasistencia, la atención a mujeres
víctimas de malos tratos, las escuelas municipales, las casas de niños o
los puntos de encuentro familiar. A partir de este año, también lo
estará la gestión de las multas de tráfico.
Ahora el PSOE ataca y machaca a los parleños con otra embestida privatizadora. El próximo viernes finaliza
el plazo de presentación de ofertas dado por el Ayuntamiento a las
empresas privadas que quieran hacerse cargo de la notificación, la
tramitación y la recaudación de las infracciones que cometan al volante
los parleños.
La poca efectividad recaudatoria ha
forzado al Ayuntamiento gobernado por el socialista José María Fraile a
tomar esta decisión. En 2011, el montante de las multas de tráfico
impuestas a los vecinos de esta ciudad ascendió a los 378.574 euros, de
los que el consistorio sólo ha podido recaudar 92.289, un 24,3%, o lo
que es lo mismo, menos de uno de cada cuatro euros reclamados. En 2012,
el último año del que se tienen datos, ocurrió algo similar: de los
444.386 euros que deberían haber percibido las arcas municipales, sólo
fueron recaudados 108.588 euros, un 24,4% del total. Sólo en estos dos
años, por tanto, el Ayuntamiento dejó de percibir por este concepto
622.083 euros.
Y precisamente para que este porcentaje
recaudatorio se incremente, los pliegos de condiciones de la
adjudicación del servicio dejan claro que la empresa cobrará en función
de lo recaude. De esta forma, las empresas podrán presentar ofertas en
las que planteen percibir hasta el 80% de lo recaudado en multas en el
periodo voluntario de pago durante el primero de los cuatro años que
durará la concesión. En los tres años restantes, la empresa podrá
quedarse hasta con el 70% del dinero recaudado en el periodo voluntario
de pago. Las empresas también podrán plantear en su oferta quedarse con
el 100% del dinero recaudado en concepto de recargos.
De entre
las 51 funciones que se le exigen a las posibles empresas adjudicatarias
–iniciar un expediente tras cada denuncia, proceder a la notificación
de las multas, creación de bases de datos, entre ellas– destaca el
control y ecumplimiento de la Ordenanza de Circulación de la Villa de
Parla «con especial referencia», subrayan los pliegos, «a la carga y
descarga, carril bus, plazas reservadas y controles de velocidad». El
presupuesto calculado por el consistorio para los cuatro años es de
1.131.217 euros más 237.555 euros € de IVA.
Para la puesta en
marcha de este servicio, la empresa deberá hacerse cargo de la
instalación de nuevos radares y sistemas de detección de infracciones
circulatorias. Entre ellos, un mínimo de 10 dispositivos móviles PDA que
permitan la formulación de denuncias y la captación de imágenes, que
conecten al Ayuntamiento con los agentes, cámaras fijas que graben y
reconozcan la matrícula en el acceso a las vías peatonales, sistemas de
captura de imágenes para los vehículos que atraviesen un semáforo en
rojo así como la equipación para vehículos de la Policía Local para que
graben infracciones y lean matrículas.
90 cámaras del Plan E
Este
particular «Gran Hermano» estará también integrado por otros 10
dispositivos tablet que permitan la consulta de denuncias de tráfico, un
mínimo de dos radares de velocidad fijos, al menos otro radar de
velocidad móvil y terminales portátiles de transmisión de radio: 2
fijos, 10 equipos móviles para los teléfonos de patrullas y 40
terminales de radio portátiles. La empresa también deberá instalar un
servidor central en el lugar que así lo determine el Ayuntamiento que
permita la visualización en tiempo real de las imágenes captadas por
todos los dispositivos mencionados.
La
implantación de estos sistemas de control llega tres años después de que
el consistorio invirtiera 1,2 millones de euros del Plan E –aprobado
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, en la instalación de
90 cámaras encargadas de vigilar el tráfico de la ciudad. En los pliegos
técnicos, el consistorio también subraya que será la empresa la que
deba contar con el personal necesario para la ejecución del contrato, lo
que supone que no intervendrá ningún funcionario público. Un delegado
elegido por la empresa será, a su vez, el interlocutor con el
Ayuntamiento.
http://www.parlahoy.es/viewtopic.php?f=6&t=8999
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5166892/parla-privatiza-las-multas-de-trafico-al-ser-incapaz-de-cobrarlas
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