El
Tribunal de Cuentas tiene muy avanzada ya una investigación por el pago
de 200.000 euros como «sobresueldos» a los funcionarios de Parla en
2008, cuando Tomás Gómez, actual secretario general del PSM, era regidor
de la localidad parleña. El consistorio, a través de un comunicado
oficial, afirmaba incluso, que se cumplió en todo momento «estrictamente
la Ley», ya que todas las cantidades percibidas por los empleados
estaban reconocidas en el convenio colectivo.
Pues resulta que
la Fiscalía no piensa lo mismo. Ni mucho menos. Más bien, la Fiscalía tiene indicios
de que el socialista Fraile ha podido incurrir en dos delitos de
importancia: prevaricación administrativa y malversación de caudales
públicos, delitos que están castigados con hasta diez años de
inhabilitación para cargo público e incluso con penas de prisión, en
función del tipo de malversación que se pueda aplicar, en su caso.
Aquellos que participaron
Por
ello, la Fiscalía de Getafe-Leganés presentó el pasado 20 de noviembre
una denuncia en los juzgados de Parla contra Fraile «y aquellos otros» que hayan podido tener
participación en los hechos investigados. Así, relata los hechos sobre
cómo el 5 de septiembre de 2008, el Ayuntamiento, que entonces gobernaba
Tomás Gómez, y los trabajadores firmaban un convenio colectivo y un
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, ambos con una vigencia
de 2008 a 2011.
Apenas un mes después, la Delegación del Gobierno de
Madrid pidió al Ayuntamiento que anulase el articulo que establecía los
incrementos de las retribuciones económicas, fijándose un fondo de
85.000 euros anuales «a distribuir proporcionalmente entre todo el
personal, en atención a distintos requisitos», así como el precepto por
el que se constituía un fondo social para la promoción socio-familiar
del personal municipal «a distribuir proporcionalmente entre todo el
personal activo». El motivo para requerir esa anulación no era otro que
entender que excedían las competencias municipales y eran contrarios a
la normativa estatal.
La anulación ficticia
Ante
este requerimiento, en enero de 2009, la Junta de Gobierno anuló por
unanimidad ambos «sobresueldos» y acordó dejar sin efecto sus
contenidos. Por este motivo, la Delegación del Gobierno cerró el
expediente administrativo que tenía abierto al respecto.
Sin embargo, y
aquí es donde el Ministerio Público apunta directamente al alcalde
actual, pese a que anuló esos «sobresueldos», siguió abonándolos: «Pese
al acuerdo de anulación de los artículos referidos, consta que el
Ayuntamiento de Parla, mediante decretos del Alcalde-Presidente, José
María Fraile ha venido aprobando, desde el año 2009, diversos pagos a
los funcionarios y personal laboral del referido Ayuntamiento,
sustentados en los referidos artículos del acuerdo-convenio impugnado y
anulado en la citada sesión de 16 de enero, a la que asistió el propio
alcalde».
Este hecho, señala la Fiscalía en su denuncia, se desprende
del propio informe de la intervención del Ayuntamiento –que adjunta con
su escrito–, de las nóminas correspondientes a los meses de abril de
2009, septiembre de 2009, octubre de 2009, abril de 2010, octubre de
2010 y abril de 2011. Lo que no se concreta es la cuantía a la que han
podido ascender esos pagos.
Todo ello, concluye el fiscal, pueden
ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y
malversación de caudales públicos, por lo que solicita la práctica de
determinadas diligencias.
Entre la documentación aportada por el
Ministerio Público figura el citado informe de intervención, el acta de
la sesión donde Tomás Gómez aprobó el pago de «sobresueldos», el
requerimiento de anulación instado por la Delegación del Gobierno, así
como un informe técnico sobre los acuerdos alcanzados sobre «las
condiciones comunes de los empleados públicos». La denuncia de la
Fiscalía se une a la que puso el PP en octubre de 2011 en el Juzgado
Número 5 de Parla por estos mismos hechos y que continúa en este
juzgado.
