La Justicia ha requerido al Ayuntamiento de Parla (PSOE) –ahogado con una deuda que solo a proveedores supera los 300 millones de euros– la documentación que acredita que para pagar el tranvía de Tomás Gómez
hacen falta 260 millones de euros, casi el triple del presupuesto
inicial, ya que en un primer momento se adjudicó en 93 millones. Poco
después se incrementaron sobre la marcha a más de 130.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31
de Madrid admitió a trámite el pasado 5 de noviembre el recurso del
Grupo Municipal del PP de Parla contra el acuerdo del Ejecutivo local de
José María Fraile
en la Junta de Gobierno del pasado 26 de julio. En él se establecía un
calendario de pagos por este medio de transporte –seis años después de
inaugurar la infraestructura– de casi 260 millones de euros durante 30
años. En dicha Junta solo está presente el Grupo Socialista, ya que la
oposición no participa en este órgano.
Tres ejes de denuncia
Ante este hecho, el PP de Parla inició una doble ofensiva judicial en
agosto. Por un lado, por la vía penal ante el Tribunal Supremo, dada la
condición de Tomás Gómez como senador, un aforamiento al que acaba de
renunciar recientemente por discrepancias con su partido.
El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, junto al portavoz popular de Parla, Miguel Ángel López,
se personaron en el Alto Tribunal para interponer una denuncia por
malversación de caudales públicos y prevaricación contra Gómez, Fraile y
todos los concejales del PSM que aprobaron las supuestas
irregularidades. Entre ellos, la actual diputada regional Rosa Alcalá y la ahora concejala socialista en Móstoles Laura Cillero.
Por otro lado, por la vía
contencioso-administrativa en los propios Juzgados de Parla, la que fue
admitida el mes pasado. Las denuncias se basan en tres ejes de la
financiación para los que los populares han aportado un amplio dosier de documentación:
por un lado, el calendario aprobado se calcula en función de un
presupuesto inicial de 93 millones de euros que posteriormente se
incrementó sobre la marcha a más de 130 «a dedo y sin concurso», según
el Partido Popular.
42 millones extraviados
Además, en los 260 millones de euros
finales que Fraile se acaba de comprometer a pagar no se recogen los 42
millones que pagó de entrada el Ayuntamiento con los beneficios del
consorcio urbanístico Parla Este, antes incluso de la puesta en marcha
del tranvía y que, si efectivamente se pagaron, deberían aparecer
descontados de ese reequilibrio del precio final.
La última de las claves que denuncia el PP es que las facturas «están infladas»,
ya que se han calculado y pagado en base al precio ya recalculado, pero
antes de que se aprobara dicho acuerdo: «En 2012 y 2013 se pagan
facturas calculadas en base a ese calendario que no se aprueba hasta
mediados de este año, lo cual es cronológicamente imposible, salvo que
estuviera ya pactado de antemano».
Tras la admisión a trámite del recurso
del PP, Fraile ya ha aportado documentación relativa a este asunto, una
información que se ha negado a mostrar ante la oposición. El juzgado ya
ha dado traslado de esos papeles al PP, que formalizará entonces su demanda en la vía contencioso-administrativa mientras confía en que la Justicia se pronuncie en el mismo sentido en la vía penal.
Cabe recordar que tanto a Gómez como a Fraile la Justicia ya les ha anulado hasta tres presupuestos municipales (2003,
2005 y 2009) por ocultar información a la oposición. Fueron condenados
por vulnerar derechos fundamentales de los concejales del PP al negarles
las cuentas de los años anteriores, todos ellos sobre la gestión del
actual líder del PSM.
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