El
Ayuntamiento de Parla, el cuarto consistorio con más deuda de toda España,
aprobó ayer en Pleno un plan de ajuste para poner límites a una deuda
que en este momento podría ascender a la desorbitante cifra de 275
millones de euros. El alcalde de la localidad, el socialista José María
Fraile, sacó adelante con el apoyo de los ediles de Izquierda Unida un plan financiero con el que "pretende acabar" en 20
años con sus deudas a proveedores y entidades financieras.
El Gobierno municipal ha tratado por todos los medios de acogerse al
plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de
Hacienda y, aunque los números rojos y el plazo máximo de diez años
para «pintarlos» de negro han dejado a Parla fuera de la ayuda estatal,
el equipo de Fraile ha elaborado un «plan B» a su medida que ahora
deberá autorizar el Gobierno central.
El «plan B»
El Plan de Ajuste 2012-2032 prevé en su apartado de ingresos poner en
marcha una subida media del 5,94 por ciento en el impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, así como subir las tasas y precios
públicos actuales un 10 por ciento –además del IPC anual–. Pero entre la
batería de medidas antisociales aprobadas por Fraile destaca, por
ejemplo, la implantación de un impuesto de 3 euros por la utilización de
los servicios de la biblioteca municipal. En 2011, según queda
reflejado en el informe de la interventora del Ayuntamiento, «hubo
284.000 usuarios, lo que supondría un ingreso de 852.000 euros» anuales.
Una recaudación que, en el plazo previsto de 20 años, apenas podrá
«ahorrar» para las arcas municipales un 6,2 por ciento de la deuda
actual de la localidad. Además, en su cuarto punto, el plan «contempla
la posibilidad de la aprobación de nuevas tasas, aunque no se define
cuáles».
La interventora, que realizó el estudio para que Parla pudiera
acogerse a la ayuda estatal propone, por ejemplo, crear una tasa de
basuras de 22 euros, aumentar el IBI un 143,75 por ciento o reducir en
un 60 por ciento el personal laboral temporal.
Precisamente esta última «recomendación» es la que trató de evitar por
todos los medios el consistorio que, en palabras de María José López
Bandera, su primera teniente de alcalde, han ampliado en diez años las
fechas establecidas en el Decreto del Gobierno «porque un plan a diez
años supondría reducir en un 60 por ciento los contratos de personal
laboral temporal, pondría en riesgo los servicios públicos y obligaría
al Ayuntamiento a triplicar los impuestos que pagan los ciudadanos»,
todo en una localidad de 122.000 habitantes que acarrea para cada parleño una descomunal deuda per
cápita de 2.254 euros.
Pero la cosa no queda aquí. El plan también contempla un apartado de
gastos en el que, para ahorrar, el equipo de Fraile sólo ofrece una
cifra concreta: 37,5. «Implantación de la jornada laboral de 37,5 horas
semanales lo que permitiría un ahorro por gratificaciones de 140.000
euros», asegura el informe que aprobó el Pleno. La cifra, que coincide
con la ampliación del horario de los funcionarios impulsada por el
Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre en la ley de medidas fiscales
que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha sido fuertemente criticada
tanto por el actual alcalde de Parla, que ahora la pone en marcha, como
por su antecesor y coartifice de la deuda parleña, el secretario general
del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez.
El Ayuntamiento de Parla prevé también dejar de prestar servicios que
han ido asumiendo y que, considera, no tiene «obligación de cumplir». En
el capítulo de personal, los de Fraile han caído en otra contradicción:
a pesar de que en 2009 ya aseguraron haber puesto fin a los gastos por
antigüedad, fondo de absentismo o prestaciones a la Seguridad Social, en
el plan de ahorro 2012-2032 vuelven a «prometer» la revisión de estas
prebendas aprobadas en los convenios colectivos.
Subida de tasas con la venia de IU
Un plan conjunto unió de nuevo ayer a los ediles de PSOE e IU en Parla. A
pesar de que ya no son socios de gobierno, y de que José María Fraile
gestiona las maltrechas cuentas de la localidad en mayoría simple, los
ediles de IU decidieron ayer ayudar a los socialistas a sacar
adelante un plan que choca frontalmente con algunas de sus
reivindicaciones, como la subida de impuestos o el aumento de horas en
la jornada de los funcionarios. Tanto los concejales del PP como los de
UPyD votaron en contra de un plan de ajuste con el que, según el
portavoz de los populares, Miguel Ángel López, tampoco conseguirán las
cuentas parleñas volver a tener sus cuentas en positivo.
Mentiras que no dejan de repetirse
El Plan de Ajuste 2012- 2032 esconde «sorpresas» que se creían resueltas
hace mucho tiempo. Es el caso de los privilegios ilegales que tienen
los funcionarios del Ayuntamiento parleño, que Tomás Gómez creó para
ellos justo antes de irse de la alcaldía y que su sucesor, José María
Fraile, mantuvo a pesar de que Delegación del Gobierno, por entoces
comandada por la socialista Soledad Mestre, pidió su anulación poco
después de ser aprobados, en el año 2008. Bonificaciones por no faltar
al trabajo, regalos por cumplir 25 años como funcionario, una semana más
de permiso de paternidad o días libres por bautizos, comuniones y
congresos sindicales son algunos de los privilegios de los trabajadores,
que cuestan 200.000 euros a las arcas parleñas.
Fraile mantuvo todos estos privilegios en
2009, en 2010 y en 2011 porque se prorrogaron los presupuestos. Esto
provocó que el Tribunal de Cuentas abriera una investigación al respecto
a principios del pasado año. ¿La sorpresa? Que cuatro años después del
requerimiento de Delegación, aún no se han eliminado los privilegios, ya
que el Plan de Ajuste 2012-2032 aún contiene la revisión de los
convenios.
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