La recogida
de basuras en Parla está en vilo. El Ayuntamiento de Parla
mantiene una deuda por acumulación de cerca de 50 facturas sin pagar
desde 2007 de casi 80 millones con la última empresa adjudicataria,
Valoriza, según reconoció en un acuerdo con ésta el 11 de agosto.
Pero el pacto
que que pone fin al contrato contiene otras «cláusulas» que podrían ahogar
más aún al municipio, además de dejarle sin el servicio. A los 80
millones de euros se deben sumar unos intereses en «millones de euros»,
una indemnización por morosidad y el pago por el servicio durante el mes
de agosto cifrado en 1.571.104 euros; un total que daría como resultado
una cuenta de cerca de 100 millones de euros.
Para hacer frente a
semejante cifra, el alcalde sucesor de Tomás Gómez, José María Fraile,
se ha cubierto bien las espaldas y de paso ha hipotecado a las próximas
legislaturas, ya que el calendario de pagos que ha fijado con la empresa
se prolonga hasta julio de 2023.
Las maltrechas arcas municipales
tendrán que abonar una media de seis millones y medio de euros al año
durante doce años. Además, en caso de cualquier incumplimiento en los
pagos, el acuerdo entre el Ayuntamiento y Valoriza recoge también que la
empresa tendrá derecho a reclamar por vía judicial «el pago simultáneo y
de una sola vez de la totalidad de la deuda».
Pero, además de la asfixia por la deuda y sus intereses, el Ayuntamiento
de Parla tendrá que encontrar ahora otra empresa. El contrato
con Valoriza terminó ayer sin que otra empresa se hiciera cargo del
servicio de recogida de basuras y mantenimiento de zonas verdes, así
como de la contratación de los 350 trabajadores municipales empleados en
este servicio.
El viernes se convocó una Junta de Gobierno para
estudiar algunas propuestas que quedaron en papel mojado. Ayer, al
cierre de esta edición, la situación no había cambiado. Fraile no había
encontrado sustituta, según pudo saber este periódico a través de sus
trabajadores.
Ante la previsión de que esto pudiera pasar, el acuerdo recogía que
Valoriza podría hacer días «extra» a 52.370 euros la jornada, pero ayer
la llamada en su ayuda parece que no se produjo. El primer turno de
recogida debería haber comenzado a las diez de la noche; sin embargo,
ningún trabajador acudió ya que los jefes de tuno de Valoriza (de quien
aún dependían) les pidieron que se quedaran en casa y que «estuvieran
preparados toda la noche» por si el Ayuntamiento volvía a recurrir a la
empresa a cambio del pago «extra».
Finalmente, el turno de noche arrancó con trabajadores ya sin el logo de
Valoriza en su ropa y sin saber «a quién tenemos que rendir cuentas
porque no hemos firmado ningún contrato con ninguna empresa. Es una
orden municipal», afirmaron.
Bajo la sombra de la prevaricación
Haber escondido facturas podría traerles consecuencias penales a Gómez y
a Fraile. La deuda de más de 80 millones con Valoriza no es la única.
Su antecesora, Urbaser, recurrió a los tribunales para cobrar por la
recogida de basuras desde 2001 a 2006. Un auto de la Audiencia
Provincial de febrero apunta a que el hecho de que algunas de las
facturas no se incluyeran en los presupuestos puede ser penado, ya que
es «una resolución injusta y subsumible en una prevaricación». El delito
no estaría en los impagos, sino en «la actuación administrativa que lo
ha hecho imposible».
Gómez dejó la Alcaldía con una deuda de 240
millones, de los cuales 57 no estaban presupuestados. El TSJM anuló las
cuentas de 2009 por ocultar la liquidación de 2007 y 2008. En el
capítulo que recogía estas facturas no incluidas en las cuentas había
varias de Urbaser, un «olvido» que podría ser prevaricación «en la
modalidad de comisión por omisión». La Audiencia solicitó al
Ayuntamiento una explicación.
