La
justicia ha comenzado a embargar bienes del Ayuntamiento de Parla.
Los
grandes «dispendios» de la época de Tomás Gómez y la gestión de su
sucesor, José María Fraile, están pasando factura al municipio, que ve
cómo la deuda se agranda como una bola de nieve y que cada vez son más
los acreedores que llaman a las puertas del Consistorio para cobrar lo
que se les debe. Servidrive S.L. era una de ellas. Cansada de esperar,
Servidrive S.L. lo denunció en el Juzgado de lo Contencioso número 19 de Madrid que, el
pasado 29 de noviembre, dictó una orden para retener siete inmuebles al
Ayuntamiento de Parla. Estas propiedades irán a parar a esta compañía, que se
encargaba de gestionar las instalaciones deportivas del municipio, con
la que mantenía una deuda de cuatro millones de euros.
Entre
los bienes embargados, según consta en el auto al que ha tenido acceso
ABC, se encuentran dos quioscos (La Liebre y La Iglesia), el local
número 17 de la Galería de alimentación Burgos, varios sótanos en la
calle Fuentebella, dos locale 0 !E (!z@ ros 44 y 46 de la misma
dirección, así como unas fincas rústicas en la zona conocida como Cerro
del Castro. La elección de estas propiedades obedece a una lista que el
Ayuntamiento envió al juzgado con los bienes que podían ser susceptibles
de retener. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el
Consistorio que dirige José María Fraile «ocultó» a la justicia la
propiedad de otras 110 parcelas urbanísticas para que no se les pudieran
quitar.
La
maniobra del equipo de Gobierno llegó a oídos de los responsables de
Servidrive S.L. que, inmediatamente, pusieron los hechos en conocimiento
del juez, ya que los siete inmuebles anteriores no cubrían el total de
la deuda que tiene con el Ayuntamiento. El magistrado, ante el cariz que
han tomado los hechos, acaba de dictar una providencia para que el
Consistorio presente una certificación que acredite si esos terrenos son
bienes patrimoniales. Según ha podido saber ABC, la mitad de estas
parcelas se encuentran en el conocido como PAU 5, donde los responsables
del Gobierno parleño tenían previsto proyectar un futuro desarrollo
industrial. En caso de que el juzgado demuestre la titularidad municipal
de las mismas, estas podrían acabar en manos de Servidrive y echar por
tierra el proyecto de José María Fraile.
Esta
compañía, asimismo, presentó un escrito de unos 60 folios donde detalla
y demuestra, pormenorizadamente, que estas parcelas pertenecen al
Ayuntamiento de Parla. En dicho documento, además, refleja las «malas
artes» del equipo de Gobierno socialista, que se negaba a abonarles la
deuda con el pretexto de que no tenía dinero, cuando en realidad estaba
pagando a otros acreedores. El escrito de la procuradora de la empresa
es bastante duro. En él se detalla cómo el Consistorio pudo actuar «de
una forma fraudulenta y con mala fe» al incumplir las resoluciones
judiciales, por lo que «podría estar incurriendo en un posible delito de
prevaricación».
Entre
esos pagos a otras empresas, cita los 300.000 euros que se han abonado a
la compañía que se está encargando en la actualidad de gestionar las
instalaciones deportivas de la localidad (Parla Sport 10), o los 275.000
euros que ha pagado a la empresa responsable de la recogida de basuras
(Himalaya).
«Fraude y prevaricación»
En relación al
«ocultamiento» de las 110 parcelas, la empresa acreedora vuelve a acusar
al Ayuntamiento de Parla de posibles delitos de «fraude y prevaricación» por
ocultar a la Justicia una larga serie de terrenos y locales municipales
que no menciona la interventora pero que sí podrían ser embargados para
saldar la deuda. Así, Sevidrive se basa en datos del Registro de la
Propiedad para señalar una decena de locales y más de 100 parcelas que
el Ayuntamiento tiene repartidas por todo el término municipal, sobre
todo en zonas como el PAU-5, La Laguna, Leguario Sur o Parla Este, y que
suman cerca de 640.000 metros cuadrados.
Mientras,
los vecinos de Parla asisten a un proceso en el que ven cómo el
Ayuntamiento está perdiendo su patrimonio por culpa de la deuda que
arrastra y que amenaza con llevarle a la quiebra.
Todos ellos se hacen la
siguiente reflexión: Si esto pasa con una deuda de 4 millones, ¿qué
puede pasar si otros acreedores como Valoriza —a la que el propio Fraile
ha reconocido por escrito que le debe 80 millones de euros más
intereses— o Tranvía de Parla —a la que le debe 50 millones según la
propia empresa— siguen el mismo ejemplo y deciden acudir a los juzgados
para embargar más bienes al Consistorio? El equipo de Fraile, mientras,
cruza los dedos.
